El oficialismo y la oposición volvieron a sacarse “chispas” en la sesión legislativa del este lunes. Esta vez, el centro de la polémica fue el decreto N° 11/2026, mediante el cual el Cuerpo encabezado por Javier de Marcos designó un abogado particular para ejercer su defensa ante la demanda judicial iniciada por el intendente Ramiro Egüen, a raíz del avance de la comisión investigadora impulsada por el interbloque peronista y La Libertad Avanza.
El expediente, que finalmente avanzó con la aprobación en mayoría -con el rechazo de los ediles oficialistas y de Fernando Herraiz, de Fuerza Patria- del dictamen que llevaba las firmas de la libertaria Verónica Cortés, y las peronistas María José Zarza y Yamila Galdós Carrizo, generó un intenso contrapunto sobre los límites de la transparencia, la legitimidad de las instituciones y el costo político de la “judicialización“.
Transparencia vs. “Oscurantismo”
Durante la sesión, la concejal Yamila Galdós Carrizo (PJ) cuestionó con dureza la transparencia de la gestión de Egüen, denunciando la publicación masiva y tardía de 750 decretos en el Boletín Oficial, omitiendo —según señaló— aquellos referidos a los gastos de representación del Intendente y al uso de su camioneta particular como vehículo oficial. “Pedimos que se termine el oscurantismo”, sentenció, reclamando además la apertura del RAFAM para conocer el estado de las cuentas públicas.
En respuesta, la concejal Mercedes Squillaci (Acción Ciudadana) defendió la gestión actual y arremetió contra la herencia recibida. “En la gestión anterior no se publicaban los decretos. Ahora se cargaron en el SIBOM con demora por todo lo que se adeudaba, pero sí estaban en el Tribunal de Cuentas, sin observaciones”, argumentó. Al mismo tiempo, rechazó la designación de un abogado externo para el HCD —por un costo de 1,8 millones de pesos más IVA—, sosteniendo que dicha representación debería recaer en la Dirección General de Legal y Técnica de la Municipalidad, al tratarse de una “persona jurídica única”.
El oficialismo intentó, mediante su dictamen propio que resultó rechazado, derogar los artículos del Reglamento Interno referidos a las comisiones investigadoras, calificándolos de “insanablemente nulos” y advirtiendo sobre la posible responsabilidad patrimonial de los concejales que voten actos contrarios a derecho.
El camino a la Justicia
Desde el bloque de La Libertad Avanza, Verónica Cortés admitió que el tema volvió a comisión durante un mes para intentar evitar el conflicto, pero ante la falta de acuerdo, señaló que seguirán el camino judicial. “Que lo defina la Justicia, como tercero independiente”, remarcó. Su par, Dino Caronello, fue tajante al señalar que “no se puede fundar el oscurantismo actual en las falencias de gestiones anteriores”.
Por su parte, el oficialismo, a través de voces como la de Guillermo Lance (UCR) y Francisco Recalt (Acción Ciudadana), insistió en que el problema central no es la transparencia, sino la legalidad de los instrumentos que el Cuerpo pretende utilizar para investigar, advirtiendo que el HCD tendrá una erogación de dinero innecesaria en una causa que, a su entender, terminará perdiendo.
Una grieta que se profundiza
Con la designación del Dr. Luis Alejandro Mennucci para defender al HCD ante la demanda del Intendente, la disputa ha quedado oficialmente radicada en el Juzgado, evidenciando que la relación entre el Ejecutivo y la oposición atraviesa uno de sus puntos más críticos. Mientras la oposición celebró la medida como un paso necesario para proteger la institucionalidad y reclamar transparencia, el oficialismo calificó la decisión como una erogación costosa e innecesaria que, a su juicio, vulnera la legalidad vigente.
