Tras un debate cargado de reproches cruzados y cuestionamientos técnicos, el Concejo Deliberante de 25 de Mayo resolvió devolver a la Comisión de Reglamento el expediente que disponía la designación de un abogado para representar al cuerpo en causas judiciales. La decisión, tomada por mayoría tras un cuarto intermedio, busca abrir una instancia de consenso extrajudicial para resolver las diferencias entre el Deliberativo y el Ejecutivo, a partir de la conformación de una comisión investigadora por los decretos firmados por el intendente Ramiro Egüen.
El eje del conflicto radica en cómo debe defenderse el HCD ante las demandas judiciales. Mientras que desde La Libertad Avanza (LLA), la concejal Verónica Cortés defendió la necesidad de contar con un abogado particular —argumentando que la Asesoría Letrada del Municipio no es imparcial por ser “parte del gobierno que demanda”—, desde el oficialismo rechazaron de plano esta alternativa.
Mercedes Squillaci (Acción Ciudadana) advirtió sobre un posible “conflicto de intereses” respecto al profesional propuesto, Luis Menucci, señalando que representa a particulares en causas contra la Comuna. Además, el oficialismo exigió que cualquier designación de este tipo sea por mayoría agravada (dos tercios) y no por mayoría simple, proponiendo que sea la Dirección de Legal y Técnica municipal la que asuma la representación para no generar costos extra a la comunidad.
Cuestionamientos y “acuerdos”
La sesión no estuvo ajena a las “chicanas” políticas. Squillaci volvió a sugerir la existencia de un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo, mientras que la oficialista Jorgelina Herrera fue la primera en pedir “volver al punto inicial” y no seguir encerrando al Municipio en un conflicto que “terminamos pagando todos”. Por su parte, Guillermo Lance (UCR) y Francisco Recalt (Acción Ciudadana) se expresaron en contra de la judicialización, sosteniendo que la cuestión debe resolverse dentro del ámbito político del Concejo.
La postura de la oposición
Desde el interbloque peronista, Ana Paula Panaccio calificó como “una locura” que el Intendente demande al Concejo y criticó la “judicialización constante de la política” por parte de Egüen.
En tanto, los ediles de LLA, José Luis Guarch y Dino Caronello, junto a Cortés, centraron su postura en la transparencia. Aseguraron que la intención de la Comisión Investigadora no es la destitución sino la publicación de decretos y el control de las cuentas públicas, citando observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la Rendición de Cuentas del Ejecutivo.
Con el regreso del expediente a comisión, se abre un paréntesis para que las fuerzas políticas intenten un acuerdo que desactive la vía judicial y devuelva la discusión al terreno estrictamente legislativo.
