El oficialismo, con el apoyo de Verónica Cortés (La Libertad Avanza), logró los votos necesarios para que el Deliberativo veinticinqueño convalide por mayoría agravada el veto del intendente Ramiro Egüen a la Ordenanza N° 3621/2025. La norma, sancionada el año pasado, buscaba asignar el edificio ubicado en calle 39 y 102 exclusivamente a la atención de personas con discapacidad, tal como estaba proyectado originalmente, en contraposición al actual uso del inmueble como albergue estudiantil.
Cabe indicar que el Ejecutivo fundamentó el veto argumentando la “nulidad absoluta” de la ordenanza. Según la postura del gobierno municipal, la definición del destino, uso y administración de los bienes inmuebles municipales es una facultad exclusiva del Intendente, enmarcada en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Además, sostuvo que la injerencia del HCD en esta materia vulnera el principio de división de poderes.
Durante el debate, los ediles oficialistas —Mercedes Squillaci, Guillermo Lance y Jorgelina Herrera— defendieron la decisión argumentando que el edificio fue recibido abandonado con apenas un 30% de construcción. Explicaron que, ante las dificultades para cumplir con los estrictos requisitos de la Provincia para habilitar un centro de atención a personas con discapacidad (que demanda personal especializado y guardias de 24 horas), se optó por darle una utilidad inmediata como albergue universitario para los jóvenes del interior del distrito.
“El Ejecutivo analizó las necesidades y los recursos disponibles; hoy la respuesta concreta es esta, y seguiremos trabajando para atender otras demandas”, señalaron. Además, Squillaci apuntó contra la gestión anterior, al señalar la falta de finalización del edificio y la inexistencia de un complejo para los estudiantes que residen en el interior del partido.
El rechazo de la oposición
Por su parte, el interbloque peronista y los libertarios José Luis Guarch y Dino Caronello rechazaron el veto de manera conjunta. La oposición hizo hincapié en la “desnaturalización” del fin para el cual se gestionaron los fondos originales.
Yamila Galdós Carrizo (PJ) calificó el cambio de destino como un “manoteo con fines electorales“, mientras que Fernando Herraiz, Ana Paula Panaccio y José María Gregorini enfatizaron que el edificio fue diseñado, construido y financiado específicamente para personas con discapacidad, denunciando la exclusión de un sector vulnerable. Desde LLA, los ediles cuestionaron la decisión administrativa señalando que “si los fondos fueron afectados a un destino, debían respetarse”, aunque reconocieron la necesidad de ambas instituciones.
Un conflicto de fondo
El debate dejó al descubierto dos posiciones contrapuestas: mientras que el Ejecutivo y sus concejales priorizaron la capacidad de gestión pragmática sobre recursos limitados, la oposición advirtió sobre el incumplimiento de objetivos originales y la supuesta falta de sensibilidad ante una problemática histórica.
La ratificación del veto cierra, de momento, el conflicto administrativo sobre el destino del edificio. Sin embargo, y tal como coincidieron los ediles de todos los bloques, existe la necesidad de planificar con mayor claridad las políticas públicas donde las demandas de los estudiantes y de las personas con discapacidad se presentan, hoy, como dos caras de una misma necesidad de infraestructura en 25 de Mayo.
