La sesión de este lunes en el Concejo Deliberante de 25 de Mayo estuvo dominada por un extenso debate en torno al proyecto del Ejecutivo municipal para convalidar el contrato de comodato con el “Club Hípico 25 de Mayo Asociación Civil”, mediante el cual se le cede el uso gratuito del hipódromo municipal. La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Ramiro Egüen, busca regularizar la situación de la institución, otorgándole un marco de seguridad jurídica para su funcionamiento y futuras inversiones en el predio.
Sin embargo, el tratamiento del expediente marcó un fuerte enfrentamiento en el recinto. Mientras el oficialismo defendió la urgencia de la medida “para sanear años de irregularidades en diversas instituciones” del distrito, la oposición —integrada por el interbloque peronista y La Libertad Avanza— planteó reparos formales sobre la falta de documentación respaldatoria, la elección del instrumento legal (comodato frente a concesión) y la necesidad de un análisis más riguroso para evitar posibles vicios administrativos.
Este choque de posturas derivó en una tensa discusión, que finalmente se resolvió por mayoría con la decisión de que la iniciativa regrese a comisión para su revisión.
El inicio del debate: exigencia de documentación
La moción para el retorno del expediente fue impulsada por Yamila Galdós Carrizo (interbloque peronista). La edil fundamentó su postura relatando la reunión que mantuvieron horas antes con la comisión del club: “Dentro del expediente no sabíamos si tenían personería jurídica, aunque sabemos por ellos que fueron declarados entidad de bien público; pero tampoco teníamos el acta de designación de autoridades”.
Galdós Carrizo remarcó que, si bien acompañan el interés de la asociación civil por administrar el hipódromo, es imperativo que el Ejecutivo envíe expedientes “acabados y con la documentación completa” para emitir dictámenes fundados. Asimismo, cuestionó el instrumento elegido: “Este contrato de comodato por 10 años no es el más indicado; sería mejor una concesión, como en gestiones anteriores, para otorgar mayor seguridad jurídica a nuestras instituciones”.
El cruce político: Squillaci y la respuesta de Orsi
En respuesta, la concejal Mercedes Squillaci (Acción Ciudadana) rechazó la moción y lanzó una fuerte crítica contra la gestión anterior. “Le mienten a la gente”, sentenció, al asegurar que la documentación ingresó el mismo lunes y esto fue alertado en la Comisión de Labor.
Squillaci hizo especial hincapié en la finalidad social del convenio, desafiando a la oposición: “El comodato responde a la finalidad específica de este convenio, ya que no estamos ante un servicio público tradicional que requiera una concesión; por eso, todas las excusas que ponen para no votar son simplemente una forma de obstaculizar el trabajo que hacemos”.
La edil oficialista contrastó la gestión actual —”que está ayudando hoy a la regularización de casi 400 instituciones”, dijo— con la administración anterior, apuntando directamente a la concejal María Orsi: “Hablan de atrocidades jurídicas quienes permitieron que las instituciones estuvieran en situación irregular durante años. ¿Dónde está la seguridad jurídica si achican el plazo de 10 a 5 años? Es incomprensible que hoy retengan este expediente después de los años de desidia que dejaron”.
Por su parte, Orsi apuntó contra el “acting” de Squillaci, subrayando que su bloque no se opone a las instituciones, sino a la falta de rigor legal, calificando su intervención de innecesariamente confrontativa.
La postura de Cortés: una crítica a la metodología
Por su parte, Verónica Cortés (La Libertad Avanza) elevó la crítica hacia la forma de trabajar del oficialismo. “Mercedes Squillaci no habla en comisión, prefiere venir a la sesión y hacer teatro”, reprochó la edil, enfatizando que el proyecto no había sido tratado correctamente en la Comisión de Reglamento.
Cortés cuestionó la maniobra política de poner a los concejales “a favor o en contra” de las instituciones: “Este comodato debe ser a 5 años, y solo con excepción a 10, pero aquí no hay justificación para esa excepción. Es preferible demorar y que el convenio salga con la legalidad correspondiente para que la comisión del club se quede tranquila”. Además, señaló inconsistencias formales, como la diferencia entre la entidad nombrada como bien público en el decreto y la asociación civil que figura en el convenio actual.
Otras posiciones y desenlace
María José Zarza (de linterbloque peronista) ratificó que, en el momento del análisis, el Ejecutivo no había aportado los respaldos necesarios, defendiendo que “un capricho no puede superar el hecho de querer hacer bien las cosas”.
Por el contrario, los ediles oficialistas Francisco Recalt y Guillermo Lance (UCR) defendieron la solidez del convenio, calificando la decisión opositora como un “atraso caprichoso” y una actitud de “dueños del tiempo”. Finalmente, Dino Caronello (La Libertad Avanza) avaló la vuelta a comisión por cuestiones formales, mientras que Fernando Herraiz (Fuerza Patria) y el libertario José Luis Guarch coincidieron en que el objetivo de fondo es que las instituciones alcancen previsibilidad y autonomía real, sin ser rehenes de las gestiones de turno.
Finalmente, la moción de Galdós Carrizo se impuso por mayoría, y el expediente regresó a la Comisión de Reglamento. Al mismo tiempo, en el final de la sesión, el Deliberativo aprobó la moción de Squillaci para que el expediente 128/2026, que contiene la documentación solicitada a la comisión del Club Hípico, tomara estado legislativo y se anexe al expediente original.
