La concejal de Acción Ciudadana 25 de Mayo, Mercedes Squillaci, respondió con dureza a los cuestionamientos impulsados por el interbloque de concejales peronistas y la ex edil Claudia Lobosco respecto a su desempeño como secretaria de Gobierno y Coordinación General entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, tras figurar identificada en el sistema contable municipal RAFAM.
“Como nos tienen acostumbrados, presentan información fuera de contexto para instalar sospechas sobre la honorabilidad de las personas. No voy a permitir que confundan a la comunidad ni que utilicen mi nombre para construir un relato falso”, sentenció la edil oficialista, a través de un comunicado de prensa
La controversia se originó en torno a un pedido de informes presentado por la bancada opositora para reclamar documentación respaldatoria por 36 órdenes de pago emitidas en 2025 —con montos de hasta $945.300 y saldo cero por cancelación efectiva—, donde además se aludía a un llamado de atención del Tribunal de Cuentas (Fallo N° 176/2026) y se objetaba que una moción del edil libertario Dino Caronello —acompañada por el oficialismo— devolviera el expediente a comisión.
La diferencia técnica entre proveedor comercial e interno
En términos técnicos, Squillaci explicó que en la contabilidad municipal “existen dos categorías bien diferenciadas: los proveedores comerciales —que suministran bienes o servicios y deben inscribirse en el Registro de Proveedores de la Municipalidad— y los proveedores internos, que funcionan como identificaciones contables para registrar movimientos administrativos”. En este último grupo “figuran funcionarios municipales, bancos y organismos como ARBA, ARCA, Correo o el Boletín Oficial, sin que ello implique una contratación comercial”, dijo.
“Mi código 82537 corresponde a esta segunda categoría. No soy proveedora comercial de la Municipalidad. Es un mecanismo de registración contable utilizado mediante el sistema RAFAM, conforme al marco normativo del Decreto Provincial 2980/00 y sus modificatorias, que se aplica en nuestro municipio desde el año 2008. No es ningún invento de esta gestión”, aclaró.
Asimismo, detalló que a estos códigos se asocian gastos como caja chica, viáticos y pagos de bonos e ius judiciales, precisando que en su caso los importes más elevados correspondieron a gastos necesarios para iniciar procesos judiciales en los que interviene la comuna, dado que la Dirección de Legal y Técnica se encontraba bajo su órbita. “Cada gasto tiene su comprobante y los pagos judiciales están acreditados en los respectivos expedientes. No hay gastos sin justificar”, afirmó.
Los antecedentes de la gestión anterior y el voto en el recinto
Por otra parte, la concejal retrucó exponiendo que numerosos funcionarios de la gestión del exintendente Hernán Ralinqueo también contaban con idénticas identificaciones contables: Nicolás Lorenzo (81610), María José Zarza (82677), Fernando Herraiz (81518), Paula Panaccio (80562), Octavio Pavia (81575), José Luis Canullán (81161), Marta Ticera (81911) y María Inés Orsi (81029). “Esto muestra el cinismo y la hipocresía del kirchnerismo. Presentan mi situación como algo excepcional cuando sus propios funcionarios tenían códigos de identificación. Estoy harta de que ensucien, tergiversen y mientan”, sostuvo.
Respecto al trámite legislativo y su voto para devolver el expediente a comisión, la edil aclaró: “En mi dictamen solicité información sobre mi identificación contable, pero también sobre los funcionarios kirchneristas del período 2015-2023. Como algunos concejales consideraban demasiado extenso ese plazo, voté que el expediente volviera a comisión para consensuar un pedido desde 2019 hasta 2023 y lograr una mayoría que permitiera aprobarlo”.
“Yo quiero que se muestre toda la información, no solamente la que le conviene al kirchnerismo. Por eso mismo mi propio dictamen pedía que el Ejecutivo también enviara información que tuviera que ver conmigo porque no tengo nada que ocultar. Por eso resulta llamativo que no quieran acompañar un pedido que permitiría conocer cómo funcionaba exactamente el mismo sistema durante su gobierno”, agregó, subrayando además: “Es importante aclarar que en mi dictamen yo también pedía información relativa a mí así que no es real que me haya tenido que abstener”.
Una lectura en clave electoral
Finalmente, vinculó el planteo opositor con el escenario político local de cara a las próximas elecciones: “Quienes gobernaron durante ocho años conocen perfectamente cómo funciona la contabilidad municipal. Por eso considero que esta ofensiva tiene una finalidad política: ya están instalando nuevamente a Ralinqueo como candidato y necesitan empezar a atacar a la gestión del intendente Ramiro Egüen. Evidentemente, la campaña del PJ ya comenzó”.
Y concluyó: “No voy a permitir que nadie ensucie mi nombre ni mi honor. Estoy cansada de las mentiras, las tergiversaciones y las operaciones políticas. En casi tres años no dejaron de poner palos en la rueda. Si quieren hablar de transparencia, pongamos toda la documentación sobre la mesa, incluida la de sus propios gobiernos. La oposición tiene derecho a controlar, pero no a construir sospechas infundadas para dañar a las personas. Mi honor no va a ser una herramienta de su campaña electoral”.
