Antes de un nuevo cuarto intermedio que cerca de las 4 de la madrugada de este martes determinó que la sesión ordinaria de este lunes continúe el mañana miércoles a las 19 para tratar una decena de expedientes, el recinto legislativo veinticinqueño fue escenario de un duro cruce político entre el peronismo y la bancada oficialista, en torno a las obras llevadas adelante por el gobierno del intendente Ramiro Egüen en el edificio de la Casa del Niño “San Miguel Arcángel”, ubicado en la ciudad cabecera del distrito.
La controversia se disparó a partir de la presentación de un proyecto de comunicación impulsado por el interbloque peronista —que finalmente resultó aprobado con el apoyo de La Libertad Avanza— para exigir explicaciones al Ejecutivo ante la “incongruencia# entre los informes presentados en 2025 (que daban cuenta de obras avanzadas con fondos propios) y el reciente llamado a la Licitación Pública N° 3/2026, que prevé una inversión de 268.590.730 pesos e incluye, de manera excluyente, tareas de demolición parcial del edificio.
Contradicciones de obra, cruces por el estado edilicio y Fondo Educativo
La discusión expuso una marcada polarización entre la oposición y el oficialismo sobre la planificación de las obras y el uso de los recursos públicos. Desde el interbloque peronista, el concejal Julio Brunelli abrió el fuego al cuestionar la validez de los informes previos del Ejecutivo y la lógica de demoler lo supuestamente ya construido: “En el 2024 empezaron con las obras, supuestamente se había cambiado parte de la cubierta y se había hecho un aula más, y el intendente Ramiro Egüen salió a decir que estaba casi terminado; ahora hay una licitación con una demolición de parte del edificio y un presupuesto de más de 268 millones de pesos, ¿para qué es ese dinero? ¿es para la campaña?”, lanzó.
En la misma sintonía, Yamila Galdós Carrizo aportó datos financieros críticos al señalar que en marzo el Municipio aseguraba estar terminando baños y pintura con fondos propios y mano de obra tercerizada, advirtiendo además sobre la subejecución de los recursos: “En 2025 tenían 800 millones del Fondo Educativo para gastar y gastaron 300 millones nada más; este año van a recibir más de 3.000 millones”, dijo.
A las críticas se sumaron Ana Paula Panaccio, quien reprochó que la institución lleve tres años cerrada afectando la franja etaria de los niños, y también María José Zarza, quien denunció inconsistencias administrativas desde el traslado inicial al CDI 1 en el año 2023, y Fernando Herraiz, quien reconoció la necesidad histórica de inversión pero advirtió que el lugar no era “tierra arrasada” y recordó el arraigo barrial del edificio y su donación de origen privado.
“El San Miguel era un edificio destruido y en ruinas”
Desde el lado oficialista, los concejales salieron a respaldar la gestión de Ramiro Egüen. Mercedes Squillaci cruzó con dureza a la oposición peronista y defendió el proyecto integral: “Deberían sentir vergüenza de cómo estaba el San Miguel, un edificio destruido y en ruinas, con pérdida de gas y cables a la vista”, remarcando además que la Comuna “sigue brindando las prestaciones correspondientes”.
Además, la ex funcionaria del Ejecutivo explicó que el proyecto inicial se iba a ejecutar de forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial conducido por Andrés Larroque, pero que ante la falta de respuestas y fondos de la Provincia, “el Municipio decidió avanzar de manera autónoma con una propuesta superadora que contempla un centro comunitario, educativo y deportivo”.
Por su parte, el edil Guillermo Lance respaldó la necesidad de una intervención profunda: “La relocalización era necesaria, la obra de gas era paupérrima; esta licitación es para darle funcionalidad al edificio, no era solo cambiar un techo y nada más, ya hay tres oferentes que compraron el pliego”. En tanto, Francisco Recalt insistió en que el Ejecutivo ya había respondido formalmente en su momento a los requerimientos del cuerpo.
Los puntos centrales del pedido de informes aprobado
Ante la “falta de precisiones técnicas” sobre la superposición entre las mejoras anunciadas en 2025 y la actual licitación con demolición incluida, el Concejo Deliberante aprobó la comunicación impulsada por el peronismo que exige al Ejecutivo la remisión de la documentación y los detalles sobre el estado de las obras previas, incluyendo el grado de conservación real de la cubierta de techos, el aula nueva, los sanitarios y la instalación eléctrica.
Asimismo, se exige un informe técnico fundado que justifique la demolición de estructuras recientes, una rendición de cuentas financiera detallada que precise los fondos erogados en 2025 y 2026 discriminando materiales, pagos a contratistas y el uso del Fondo Educativo, y por último, la entrega de copias íntegras de los pliegos, decretos y planillas de cotización de la Licitación Pública N° 3/2026 junto con el estado legal de los contratos de mano de obra tercerizada firmados el año pasado.
