El interbloque de concejales peronistas de 25 de Mayo elevó formalmente un proyecto de ordenanza —que tomará estado legislativo en la próxima sesión ordinaria— mediante el cual exige al Ejecutivo la restitución total de los montos cobrados a los contribuyentes locales en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a lo largo del ejercicio fiscal 2026.
El fundamento central de la iniciativa radica en que dichas liquidaciones y cobros se efectuaron a pesar de que el cuerpo deliberativo ya había aprobado previamente la derogación de los capítulos de la Ordenanza Fiscal e Impositiva que regulaban ese tributo. Según sostienen desde la bancada opositora, el Municipio percibió los fondos sin contar con un marco normativo vigente que lo habilitara.
Respecto a la modalidad de restitución, el articulado del proyecto dispone que “la devolución deberá contemplar dos alternativas, a elección de cada contribuyente: la acreditación de los importes para compensar futuras obligaciones tributarias municipales o el reintegro directo del dinero, mediante efectivo o transferencia bancaria”.
Asimismo, la propuesta establece que las sumas a devolver deberán incluir intereses compensatorios calculados desde la fecha en que se efectuó cada pago hasta su efectiva restitución, utilizando como parámetro la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de descuento de documentos comerciales.
Para garantizar la celeridad del trámite, el texto fija plazos perentorios: el Ejecutivo municipal tendrá un máximo de 15 días hábiles para reglamentar un mecanismo administrativo gratuito y simplificado. Una vez que el vecino o comerciante presente su solicitud, la devolución o acreditación deberá concretarse en un plazo no mayor a los 30 días corridos.
En paralelo al reclamo económico, el proyecto prevé dar intervención al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Para ello, solicita el envío de toda la documentación respaldatoria —incluyendo el listado de contribuyentes afectados, los montos recaudados y la nómina de funcionarios que intervinieron en el proceso— con el fin de que el organismo provincial evalúe la legalidad del procedimiento y determine eventuales responsabilidades administrativas o patrimoniales.
”La iniciativa busca garantizar que los contribuyentes recuperen los importes abonados por un concepto cuya regulación había sido derogada, con un mecanismo transparente que contemple tanto la restitución del dinero como el reconocimiento de los intereses correspondientes”, concluyeron desde el Interbloque.




