Por Darío Sabini (Ingeniero Agrónomo; 25 de Mayo)
La Unión Europea implementó la Resolución 1115/2023, un nuevo reglamento libre deforestación para la importación de carne vacuna y soja.
Como respuesta a esta exigencia, entidades privadas crearon la plataforma VISEC (Visión Sectorial de Cadenas Agrícolas), diseñada para monitorear, reportar y verificar que los productos argentinos cumplan con estándares internacionales de sostenibilidad.
El objetivo central de la normativa es demostrar que las materias primas provienen de suelos que no han sufrido deforestación desde diciembre de 2020 y que se ajustan a las leyes locales.
Para lograrlo, el sistema aporta a los mercados europeos información geoespacial y trazabilidad de origen. En el caso de la carne vacuna, esto implica documentar todo el circuito, desde el nacimiento del ternero, la recría y el engorde hasta la faena, obligando al importador a certificar ante la UE que la mercadería cumple con todos los requisitos.
Actualmente, la adhesión a esta plataforma es voluntaria y ya cuenta con unos 30.000 productores, consignatarios y frigoríficos. Los datos declarados son exactamente los mismos que los productores presentan ante el SENASA, en sus oficinas locales. Son confidenciales, no se exponen como stock ganadero, precios o la actividad en los polígonos de los predios rurales.
Dado que el mercado europeo se destaca por pagar un alto valor por los cortes de carne vacuna, el acceso a éste depende de la decisión de cada productor de someterse a sus reglas. En paralelo, las autoridades nacionales, a través de la Cancillería y Secretaria de Agricultura, tienen la tarea de gestionar que el país sea recategorizado como de bajo riesgo de deforestación. Esto permitirá posicionar firmemente a la carne argentina en uno de los mercados más exigentes, ya sea mediante VISEC u otra plataforma que garantice el cumplimiento normativo, para un mercado con un valor económico muy alto, hasta con 24000 u$s/tn, representando el 20 % del total ingresado por la exportación de carne vacuna.
A lo señalado se suma un factor crítico: la normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2027, y los frigoríficos y consignatarios comenzaron a aplicar precios diferenciados a los productores que no están inscriptos en la plataforma.
Esta exigencia anticipada está generando un fuerte descontento en el sector productivo, tensionando la cadena comercial ante la obligación de adecuarse, siendo éste el espacio donde las entidades gremiales pueden trabajar y accionar defendiendo al productor.
