Con los votos de José Luis Guarch (La Libertad Avanza) y del radical Guillermo Lance, sumado al de Claudia Lobosco (PRO Democracia), el interbloque peronista logró la mayoría legislativa para que el Deliberativo veinticinqueño convalide la ordenanza que deroga los decretos 852/2023 y 853/2023, firmados por el intendente Ramiro Egüen por considerarlos dictados “de forma ilegítima e ilegal”.
Fuertemente criticados por los concejales de Unión por la Patria, Frente de Todos, Partido Justicialista, Frente Renovador y Peronismo Renovador por no haber sido publicados en el SIBOM, los decretos en cuestión están referidos al aumento de los gastos de representación en un 100% del mandatario comunal, en primer lugar, y a la afectación de un vehículo particular de Egüen al uso oficial.
“Cobró los gastos de representación y también los viáticos, y ambas cosas no se puede según establece la Ley Orgánica de las Municipalidades. Tiene que devolver la plata”, afirmó Yamila Galdós Carrizo (PJ), quien cuestionó “la falta de transparencia en los actos de gobierno” y las medidas tomadas por el Intendente “cuando supuestamente estábamos en emergencia”, indicando que ambos fueron firmados el día 30 de diciembre de 2023.
La comisión investigadora
La polémica de la sesión se suscitó con la votación de dos expedientes, uno impulsado por la bancada peronista y otro por LLA, que en ambos casos piden la conformación de una comisión investigadora -según el Artículo 61 del Reglamento Interno del HCD de 25 de Mayo- para revisar los decretos del intendente Ramiro Egüen.
Mientras que el presidente del Cuerpo Javier de Marcos determinó el rechazo de ambos proyectos por no alcanzar los 2/3 de los votos, haciendo alusión al artículo 249 de la LOM, la oposición reclamó lo contrario por considerar que era válida la aprobación por mayoría simple, tal como fue el resultado de la votación.
Esto motivó un cuarto intermedio y ya en Comsión de Labor, se acordó por mayoría elevar la consulta respectiva al Tribunal de Cuentas y la Asesoría General de Gobierno bonaerense, para determinar efectivamente la suerte de los expedientes.
Cabe mencionar que la iniciativa del peronismo apunta directamente a los dos decretos de Egüen que fueron derogados, mientras que el de La Libertad Avanza pretende recabar información sobre todos los decretos municipales cuya publicación a la fecha no se encuentre realizada. “Tenemos que tener acceso a la información para saber cómo se gastaron los dineros públicos”, remarcó Guarch.
“Mafia judicial”
Aprobado por mayoría con los votos de La Libertad Avanza y Guillermo Lance (UCR), el Deliberativo aprobó una resolución iniciada por los bloques Unión por la Patria, Frente de Todos, Partido Justicialista, Frente Renovador y Peronismo Renovador, que solicita al Ejecutivo que envíe una solicitud al Fiscal General doctor Pablo Alejandro Merola, a fin de que informen los resultados de las investigaciones realizadas al doctor Carlos Brunelli, titular de la Ayudantía Fiscal 25 de Mayo.
