Legislatura: la oposición pide informes sobre la política alimentaria escolar

La política alimentaria escolar en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro del debate cuando una senadora opositora expresara su preocupación por el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y reclamara informes al Gobierno de Axel Kicillof.

Se trata de Natalia Quintana (UCR), que presentó iniciativas en el Senado bonaerense para exigir mayor transparencia en la asistencia alimentaria escolar y advirtió sobre la pérdida de calidad del Servicio Alimentario Escolar.

Pedido de informes

Por un lado, la legisladora impulsó un pedido de informes sobre el Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), con el objetivo de conocer en detalle su funcionamiento, ejecución presupuestaria, mecanismos de control y criterios de asignación de recursos.

“El programa MESA fue una respuesta necesaria en el marco de la emergencia sanitaria, pero hoy es fundamental revisar su continuidad, su eficiencia y su articulación con otras políticas públicas”, señaló Quintana.

En ese sentido, la senadora advirtió sobre dificultades en la implementación del programa, vinculadas a problemas de trazabilidad en la entrega de módulos alimentarios, demoras logísticas y superposición con otros dispositivos de asistencia, como el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Además, remarcó la necesidad de contar con información precisa que permita garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.

Actualización necesaria

En paralelo, Quintana presentó un proyecto de declaración manifestando su “profunda preocupación” por la situación del SAE, uno de los principales programas alimentarios de la provincia, que actualmente alcanza a millones de estudiantes en establecimientos educativos públicos.

Según explicó, el desfasaje entre la inflación y la actualización de los valores del programa ha generado una pérdida significativa del poder adquisitivo, lo que afectó la calidad, la cantidad y la variedad de las prestaciones alimentarias. “No actualizar el SAE en función de la inflación implica, en los hechos, una reducción del servicio que impacta directamente en los sectores más vulnerables”, afirmó.

La legisladora destacó el esfuerzo de los equipos educativos y de los Consejos Escolares para sostener el funcionamiento del programa, pero subrayó que la responsabilidad de garantizar su financiamiento adecuado recae en el Estado provincial.

Revisión

Finalmente, Quintana planteó la necesidad de avanzar hacia una revisión integral de la política alimentaria, priorizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos, fortaleciendo aquellos programas con mayor capacidad operativa —como el SAE— y mejorando los mecanismos de control, transparencia y cobertura.

“Garantizar una alimentación adecuada no es solo una cuestión asistencial, es una política central para el desarrollo, la salud y el aprendizaje de nuestros chicos”, concluyó la legisladora.