Por Mercedes Squillaci (Concejal Acción Ciudadana)
Hablar de niñez exige responsabilidad. No podemos reducir una discusión tan sensible a consignas políticas, interpretaciones parciales o afirmaciones que omitan la realidad institucional, edilicia y jurídica con la que nos encontramos al asumir.
El edificio histórico del Hogar de Niños tiene un enorme valor para nuestra comunidad y nadie desconoce su historia. Pero su existencia y su historia no significaban que se encontrara actualmente en condiciones de funcionar como hogar o casa de abrigo.
Durante años, niñas y niños permanecieron en un edificio que requería una transformación profunda para responder verdaderamente a una perspectiva de niñez: condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad, intimidad, organización de los espacios y protección integral.
Y esto no es solamente una cuestión edilicia. Cuando hablamos de las condiciones en las que viven y son cuidados los niños, estamos hablando de derechos.
A esa realidad se sumaba una situación institucional que debía ser regularizada. La comisión vinculada al Hogar de Niños no contaba con personería jurídica, por lo que no resultaba responsable avanzar simplemente en un nuevo contrato de alquiler o sostener la continuidad de un dispositivo sin antes garantizar la regularidad de la entidad y las condiciones necesarias del inmueble.
Pero también corresponde hablar de transparencia.
Durante la gestión anterior existieron convenios con organismos provinciales de niñez y recursos destinados al funcionamiento de dispositivos de protección. Sin embargo, corresponde esclarecer y documentar cuál fue el destino concreto de esos fondos y por qué, durante prácticamente ocho años, no se concretó una Casa de Abrigo acorde a las necesidades que esos recursos debían contribuir a atender.
Cuando hablamos de recursos públicos destinados a la protección de niñas, niños y adolescentes, la sociedad tiene derecho a conocer cómo fueron administrados.
Esta gestión decidió mirar esa realidad de frente.
Desde 2025 se comenzó a gestionar ante el organismo provincial de Niñez la creación y puesta en funcionamiento de una Casa de Abrigo, con el objetivo de contar con un dispositivo adecuado a las necesidades actuales y a los estándares de protección integral.
Hoy ese dispositivo se encuentra funcionando.
Por eso, afirmar que esta gestión se desentendió de la niñez o que simplemente decidió “cerrar” un espacio sin ofrecer una alternativa no refleja la realidad.
La política pública de niñez no puede estar determinada por la necesidad de conservar un edificio o una estructura institucional. Debe estar determinada por las necesidades reales de niñas, niños y adolescentes y por la obligación del Estado de garantizar su protección integral.
Tampoco se ha desconocido el valor histórico del Hogar.
Actualmente existen reuniones institucionales con integrantes de la comisión para analizar qué función puede desarrollarse en ese espacio y cómo recuperar ese edificio para la comunidad.
Pero hacerlo con responsabilidad significa no “poner algo” simplemente porque existe un edificio disponible.
Primero debemos definir qué función es necesaria, para quién, con qué objetivos y bajo qué condiciones. Y recién entonces realizar las adecuaciones edilicias, funcionales e institucionales necesarias.
Porque si hablamos de niñez, no podemos improvisar.
No alcanza con tener un edificio.
No alcanza con tener una historia.
No alcanza con tener voluntad.
Necesitamos dispositivos adecuados, instituciones regularizadas, espacios seguros y políticas públicas que tengan como prioridad el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Esta gestión no desconoce la historia del Hogar. La respeta. Y justamente por eso trabaja para que ese edificio pueda volver a tener una función valiosa para nuestra comunidad, pero de manera responsable y acorde a las necesidades actuales.
Los derechos de niñas, niños y adolescentes no se defienden solamente cuando sirven para hacer una denuncia política. Se defienden cuando se gobierna, cuando se toman decisiones y cuando se destinan recursos para garantizar efectivamente esos derechos.
Durante años hubo tiempo y responsabilidad institucional para resolver esta situación. Hoy no corresponde mirar para otro lado ni construir una discusión política sobre una realidad que debe ser analizada con documentación y con responsabilidad.
Por eso, para que no queden dudas, pongo a disposición la documentación respaldatoria de las afirmaciones realizadas, incluyendo aquella vinculada a los convenios, los recursos previstos, la situación institucional y las condiciones en las que se encontraba el dispositivo.
La discusión sobre la niñez no debería ser quién sale mejor en una foto frente al Hogar.
La discusión es mucho más importante:
¿Qué hicimos y qué estamos haciendo concretamente para que las niñas, los niños y adolescentes tengan lugares dignos, seguros y pensados para ellos?
La perspectiva de niñez no es un discurso. Es una obligación.
Y gobernar también significa tener la responsabilidad de reconocer lo que no estaba bien, corregirlo y construir dispositivos mejores.
La política pública de niñez merece seriedad, verdad y transparencia. Y, sobre todo, merece que pongamos en el centro a las niñas, los niños y adolescentes.
