Tras un extenso debate, el Concejo Deliberante de 25 de Mayo dio por terminada la discusión legislativa sobre los expedientes 99/2025 y sus acumulados, que originaron -en noviembre del año pasado- una instancia de audiencia pública sobre el traslado del corsódromo al predio del ferrocarril, impulsado por el gobierno del intendente Ramiro Egüen. El oficialismo, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, votó el archivo de los proyectos argumentando que el Municipio tramita por otras vías administrativas los permisos de uso precario ante Nación, aunque el debate dejó al descubierto profundas diferencias.
Fuego cruzado por el “desalojo” de familias
El recinto tomó temperatura cuando se la bancada peronista apuntó contra el “desalojo” de las familias que habitaban el predio ferroviario. En este sentido, la concejal Mercedes Squillaci (Acción Ciudadana) primero calificó a la audiencia pública impulsada por la oposición como una “jugada política” que, al no dar el rédito esperado, terminó en un estancamiento del debate.
Y en un tono crítico, Squillaci arremetió contra Yamila Galdós Carrizo, acusándola de carecer de “escrúpulos” por realizar afirmaciones sobre el desalojo de los grupos familiares que habitaban el predio ferroviario de avenida 36 y calle 7, asegurando que “el Municipio brindó asistencia” y que los vecinos “están agradecidos por haber dejado atrás condiciones de vida precarias”.
En contraparte, el interbloque peronista mantuvo una postura firme. Yamila Galdós Carrizo y Ana Paula Panaccio cuestionaron con dureza el procedimiento municipal: denunciaron que el desalojo se ejecutó de forma irregular y aseguraron que cuentan con la documentación que respalda el modo en que se procedió contra las familias.
Además, y sobre el traslado del corsódromo que hoy está enclavado en el Parque Laguna mulitas, Galdós Carrizo subrayó la necesidad de una “agenda seria” que contemple un proyecto humanitario, no solo comercial. Por su parte, Fernando Herraiz sentenció que “no se puede legislar sobre cuestiones abstractas”, cuestionando la “calidad humana” del proyecto y exigiendo claridad sobre los costos reales, una información que, según la oposición, el Ejecutivo sigue ocultando.
Las posturas de La Libertad Avanza y el oficialismo
El bloque de LLA, a través de Verónica Cortés y Dino Caronello, apoyó el archivo bajo argumentos técnicos. Cortés criticó y dijo que el Ejecutivo “creó ilusiones” sobre un proyecto que, tras consultas en Trenes Argentinos, resultó de “imposible ejecución”. En la misma línea, Caronello sostuvo que el proyecto nació “trunco” por la falta de un estudio de viabilidad económica y la incertidumbre sobre el futuro de los ramales ferroviarios a nivel nacional.
Desde el oficialismo, Guillermo Lance (UCR) centró sus críticas en el desorden administrativo del gobierno nacional, mientras que Francisco Recalt (Acciòn Ciudadana) insistió en que el expediente ya había “cumplido su ciclo”. Por su parte, su compañera de bancada Jorgelina Herrera defendió la intervención en el predio, calificándolo como un “espacio en desuso” que funcionaba como una barrera urbanística.
Al archivo, por mayoría
El archivo de estos expedientes cerró una etapa legislativa, pero al mismo tiempo dejó abierto el interrogante sobre el futuro del corsódromo. Mientras el Ejecutivo sostiene que las gestiones para el uso del predio ferroviario continúan por canales formales ante las autoridades nacionales, el peronismo se mantiene crítico, denunciando falta de transparencia en la gestión y las irregularidades en los desalojos, mientras que los libertarios resaltan la inviabilidad del proyecto impulsado por la gestión Egüen.
