El Concejo Deliberante de 25 de Mayo fue escenario de un extenso y complejo debate en torno a la comunicación del Ejecutivo sobre la situación legal, económica y contractual del inmueble del ex matadero municipal, ocupado actualmente por la firma Frigomayo 25 SA. El enfrentamiento entre oficialistas y peronistas dejó al descubierto una división política sobre la seguridad jurídica, la gestión de los contratos administrativos, las tasaciones oficiales y la defensa de las fuentes de trabajo locales.
En efecto, el gobierno del intendente Ramiro Egüen elevó al HCD los informes remitidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, los cuales advierten que el vínculo de concesión se encuentra vencido y sin contrato vigente que legitime la ocupación. A ello se sumó la tasación oficial efectuada por la Dirección Técnica Pericial de la Fiscalía de Estado, que determinó un valor para el inmueble de 2.119.794.966 pesos y fijó un canon locativo de referencia de 10.598.975 pesos mensuales, calculados sobre una renta anual estimada del seis por ciento.
Desde el oficialismo se cuestionó con dureza que el actual ocupante “se encuentre depositando en consignación judicial una suma exigua de 2.600.000 pesos mensuales”, generando un evidente perjuicio al erario municipal, al tiempo que se adjudicó la responsabilidad de la falta de rúbrica a la gestión del exintendente Hernán Ralinqueo, señalando el “perjuicio” para la comunidad veinticinqueña.
Frente a este escenario, el interbloque oficialista defendió “la necesidad de regularizar la situación contractual” y en este sentido buscó convalidar un proyecto de ordenanza para intimar a la firma a abonar el canon real tasado por Provincia, con actualización trimestral por el Índice de Precios al Consumidor, girando además los antecedentes al Tribunal de Cuentas.
Por el contrario, el interbloque peronista rechazó de plano los planteos del Ejecutivo mediante un dictamen propio, ratificando la plena vigencia de las ordenanzas históricas dictadas por el Cuerpo entre 1994 y 2021, sosteniendo que “no le corresponde al Concejo revisar contratos administrativos” y poniendo el foco primordial “en la defensa de los más de ochenta puestos de trabajo directos e indirectos que sostiene la planta frigorífica frente a la actual retracción económica”.
Yamila Galdós Carrizo encabezó los embates del justicialismo recordando lo ocurrido hace dos años atrás “cuando el intendente Ramiro Egüen prefirió hacer una ordenanza de venta del frigorífico y poner a las familias que hace más de 20 años que trabajan con esa firma en una situación de zozobra no deseada”, agregando que “se convirtieron en los ejecutores del empresario” y que dijo que “ahora piden consenso cuando antes actuaron a los empujones, sin importar el diálogo, con balas y palos para todos”.
En la vereda opuesta, Mercedes Squillaci, desde el interbloque oficialista, defendió con firmeza la intervención del Cuerpo y apuntó directamente contra la gestión anterior, señalando que “la causa se inició por responsabilidad de exintendente Ralinqueo, exsecretario de Gobierno Nicolás Lorenzo y la exsecretaria Legal y Técnica María Orsi, quienes no rubricaron el contrato en caso de que existiera, en el año 2023. Son ellos los tres responsables, no Egüen ni el HCD”.
Cuestionó además que la oposición intentara “blindar” un convenio que “en los registros de la Municipalidad no estaba”, advirtiendo que “este cuerpo intenta avasallar facultades judiciales porque la Justicia todavía no se expidió al respecto. Es un intento de ratificar ilegalidades”. En esa línea, enfatizó: “Como HCD tenemos que ser garantes del buen uso de los inmuebles municipales, y como poder concedentes, que la Municipalidad saque el mejor provecho… el canon debiera ser de más de 10 millones y el explotador paga menos de 3 millones”.
Sin salida en el recinto, cuarto intermedio y a Reglamento
El debate legislativo inicial se empantanó por completo cuando ninguna de las dos propuestas de fondo logró alcanzar los votos positivos necesarios para su aprobación, sumando además el rechazo mayoritario a una moción para que el expediente volviera a comisión sin mayores certezas, impulsado en el inicio mismo del debate por la edil Jorgelina Herrera, también exsecretaria de Producción municipal.
Herrera, vale señalar, había centrado su intervención en remarcar que la explotación del frigorífico “no revistía la legalidad que debía llevar” al no encontrarse el convenio registrado en los libros de rúbrica municipal, advirtiendo además que “transitar una vía estrictamente judicial sometería a las partes a un costo dañoso que no es necesario”. Celebrando que el Ejecutivo haya abierto una puerta institucional a través del expediente, también había enfatizado la necesidad de encontrar una solución “lo antes posible y con el mejor costo posible”, cuestionando que la oposición pretendiera ignorar el problema o tratarlo de manera “demagógica” mientras el canon actual se mantiene ostensiblemente bajo.
Lo cierto es que, tras la infructuosa votación, el presidente del cuerpo Javier de Marcos debió declarar un cuarto intermedio. Durante esa pausa, la discusión se trasladó a la Comisión de Reglamento, donde se reconfiguró el panorama político y se logró consensuar un nuevo dictamen -con las firmas de Mercedes Squillaci y Francisco Recalt (Acción Ciudadana), y de la libertaria Verónica Cortés, que finalmente resultó aprobado por mayoría, contando con el respaldo del interbloque oficialista y de La Libertad Avanza, mientras que el peronismo optó por mantener su postura de rechazo.
Esta nueva iniciativa dispuso recibir la documentación enviada por el Ejecutivo y, ante la necesidad de destrabar el conflicto de fondo, solicitar formalmente a la gestión del intendente Ramiro Egüen “que instruya pautas y directivas concretas de negociación al Concejo Deliberante” para conciliar posturas y dar por finalizado el diferendo.
Acuerdo “temporal” entre oficialismo y libertarios
Las alocuciones posteriores reflejaron con nitidez los posicionamientos y las tensiones políticas que dejó la votación. Yamila Galdós Carrizo, en representación del interbloque peronista, rechazó con dureza el dictamen aprobado y la delegación de facultades al cuerpo legislativo, al sostener que “se trata de un reconocimiento de su propia impericia (por el intendente Ramiro Egüen). Sería muy bueno que nos diga que no puede resolver el conflicto”.
“De esta forma han puesto al matadero municipal en una situación de inseguridad jurídica, sin seguridad laboral, porque quieren seguir en el conflicto”, enfatizó, y al mismo tiempo sentenció: “el peronismo está con la seguridad jurídica, la buena fe de los contratos y junto a los trabajadores”.
Por su parte, La Libertad Avanza asumió un rol central en la articulación de la salida institucional a través de las intervenciones de Verónica Cortés, José Luis Guarch y Dino Caronello. Cortés explicó la postura de su bloque al señalar: “Estamos dispuestos a negociar, sacamos un dictamen para que el Ejecutivo nos diga con qué pautas cuenta el HCD para negociar y dar por finalizado esto; el oficialismo se comprometió en una semana a dar respuesta a esto, estaremos para tratar de llevar adelante una negociación, si no hay directiva no habrá negociación por parte del Concejo Deliberante”.
Además, agregó que “si Egüen nos habilita y nos pide podemos avanzar, pero no podemos reunirnos sin poder de negociación”, recordando que el empresario Ernesto Ramírez “acepta negociar el canon con reconocimiento del convenio”.
Enmarcando el rol del espacio, José Luis Guarch afirmó: “Queremos ser el puente para resolver esta situación que puede ser peor, hay aristas que puede terminar esto en algo mucho más caótico, estamos en una posición de poder ser observadores de un conflicto y pedimos la facultad de tener herramientas de negociación”. Finalmente, Dino Caronello concluyó que “abrir una instancia más es positivo, si no volverá, se irá al archivo y seguirá la instancia judicial”.
El tratamiento del expediente en cuestión cerró de este modo con el expediente encauzado transitoriamente hacia una mesa de negociación sujeta a los lineamientos que el Ejecutivo municipal deba remitir en los próximos días.
