Se aprobó una resolución para solicitar al Ejecutivo la implementación efectiva de la Ordenanza de Adhesión a la Ley Provincial de Técnicos en Emergencias Médicas, en un debate que aunó el diagnóstico sobre la crisis de profesionales en las guardias pero evidenció cruces políticos en torno a las gestiones ante la Provincia.
Mientras que la oposición denunció contradicciones administrativas y exigió explicaciones sobre la superposición entre las obras anunciadas en 2025 y los trabajos de demolición previstos por casi 269 millones de pesos, el oficialismo defendió la necesidad de una intervención integral ante el estado de ruina heredado y el repliegue del financiamiento provincial.
Se trata de un respirador, un monitor y una bomba de infusión gestionado por el Municipio y retirado por el titular del ADIFSE, el saladillense Ricardo Lissalde.