El procedimiento se originó tras la denuncia de una mujer a la que su pareja le había retenido el pasaporte y el celular. Las autoridades desmintieron categóricamente las versiones alarmantes que circularon en las redes sociales.
El espacio político condenó las agresiones orales y gestuales ocurridas en el recinto, llamando a los ediles a recuperar el diálogo constructivo y la dignidad institucional que exige la representación ciudadana.
Es desde los primeros juicios orales y públicos realizados en 2006, tras la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las denominadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida