El Gobierno nacional extendió la emergencia energética en los sectores de electricidad y gas y dispuso la continuidad de la intervención en los organismos de control. La medida quedó oficializada este lunes a través del Decreto 370/2025, difundido en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y todos los ministros del gabinete. La vigencia se prolongará hasta el 9 de julio de 2026.
El decreto prorroga la “emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto Nº 55/2023 y prorrogada por el Decreto N.º 1023/2024”, en las áreas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, así como en el transporte y distribución de gas natural. El Poder Ejecutivo justificó la decisión ante “la necesidad urgente de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”.
También se resolvió sostener la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Ambos entes permanecerán bajo tutela del Ejecutivo hasta la fecha indicada o hasta que se concrete la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que asumirá sus funciones, “lo que ocurra primero”.
Por otro lado, el Gobierno renovó el “período de transición hacia subsidios energéticos focalizados” establecido por el Decreto Nº 465/2024. Según lo dispuesto, la Secretaría de Energía seguirá a cargo como autoridad de aplicación, con la facultad de dictar las resoluciones necesarias para rediseñar el régimen de subsidios y definir nuevos mecanismos de asignación directa a los usuarios.
El texto también incluye un llamado a las provincias para que coordinen con la Secretaría de Energía “las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios eléctricos en sus jurisdicciones” y cooperen en la implementación de la nueva política de subsidios.
En los considerandos, el Ejecutivo aseguró haber recibido “una herencia institucional, económica y social gravísima” y argumentó que “continúa siendo imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece”.
En relación con el estado del sistema energético, el decreto advierte sobre “la vulnerabilidad y el estado crítico” de tres factores clave: la recaudación, las instalaciones de suministro y la ausencia de señales de mercado tanto en la oferta como en la demanda.
Finalmente, el texto sostiene que la continuidad de la emergencia del sector energético “contribuirá a erradicar la opacidad de las tarifas finales y la confusión entre los montos facturados y los subsidios”.
A modo de cierre, el Gobierno planteó que el nuevo esquema apunta a garantizar que “el usuario final pueda discernir según qué conceptos y por qué importes abona el servicio respectivo, en un todo de acuerdo a sus propios intereses económicos”, en consonancia con el artículo 42 de la Constitución Nacional.
