Ante el conflicto en torno al frigorífico municipal de 25 de Mayo, la concejal de La Libertad Avanza, Verónica Cortés, se refirió a la situación y remarcó la necesidad de alcanzar un acuerdo de fondo que garantice seguridad jurídica y estabilidad laboral.
Al analizar el debate legislativo reciente, Cortés cuestionó los dictámenes de carácter meramente político o declarativo. “El dictamen que se intentó aprobar no solucionaba el conflicto existente. Podía expresar una posición política de este Concejo, podía hablar de proteger las fuentes de trabajo y podía ratificar ordenanzas que ya existen, pero nada de eso, por sí solo, resolvía la situación contractual que hoy está en discusión”, sostuvo la edil.
En esa línea, advirtió que las medidas formales vacías de contenido práctico no alcanzan: “Decir en una resolución que se protegen las fuentes de trabajo no les da seguridad jurídica a los trabajadores. Y ratificar mediante una resolución ordenanzas que ya están vigentes tampoco resuelve el conflicto entre el Municipio y la empresa”.
El rol del Concejo y el plazo al Ejecutivo
Consultada sobre los pasos a seguir, Cortés explicó que el cuerpo legislativo debe asumir un rol constructivo. Señaló que el Concejo “no puede inventar las condiciones de una negociación ni decidir por ninguna de las partes”, sino que su función debe ser la de ayudar a acercarlas y, llegado el momento, aportar el marco jurídico correspondiente para una solución definitiva.
Por este motivo, desde La Libertad Avanza se avaló una última instancia de diálogo. Según detalló la concejal, el Departamento Ejecutivo tiene ahora un plazo de una semana para enviar al Concejo los lineamientos concretos sobre los cuales está dispuesto a negociar. Con esa base, se buscará sentar a las partes, acercar posiciones y, de existir entendimiento, otorgarle el marco legal adecuado.
Evitar que el conflicto escale en la Justicia
Para cerrar, Cortés enfatizó que el propósito de esta tregua no es conformarse con una declaración simbólica, sino construir soluciones sostenibles en el tiempo.
“La seguridad jurídica de la empresa y la protección de los puestos de trabajo no se consiguen solamente escribiéndolas en una resolución. Se consiguen logrando un acuerdo jurídicamente válido que permita terminar con este conflicto y evitar que siga profundizándose en la Justicia”, concluyó la legisladora.
