En el Juzgado en lo Correccional Nº3 con asiento en la ciudad de La Plata, tuvo lugar la primera jornada de dos que fueron fijadas en el marco del juicio oral y público que se fijó por la causa que investiga los hechos ocurridos en la madrugada del 14 de junio de 2020 tras una indebida e injustificada persecución y balacera indebida iniciada por dos policías que también chocaron con un patrullero de la Policía bonaerense a dos jóvenes que circulaban en moto, para una vez en el suelo seguir disparándole en total estado de indefensión a uno de ellos que quedó inconsciente en el piso, mientras se llevaron al otro joven esposado dejando abandonado al primero.
La jueza Ana Belén Piccone, titular del Juzgado en lo Correccional 3 de La Plata, encabezó la primera jornada este viernes que tendrá continuidad este lunes 29 de abril en la causa que llegó elevada a juicio por lesiones leves agravadas, siendo partes la Fiscalía a cargo del fiscal Martín Chioriazzi, la Defensora oficial María Esther Vigorelli y como particulares damnificados una de las víctimas junto la abogada Graciela Achabal acompañados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, que interviene como particular damnificado institucional (PDI), e impulsa que los hechos ameritan una calificación legal más grave.
Este viernes, entre los siete testigos que declararon, brindaron sus testimonio las dos víctimas del hecho, quienes debieron ser asistidas durante su declaración por una profesional psicóloga, cuyo apoyo fue ofrecido por la Comisión Provincial de la Memoria para intervenir ante el grado de afectación de las víctimas y tener que volver a relatar y revivir los hechos.
El hecho tomó conocimiento público en la noche del 14 de junio cuando familiares de la víctimas acudieron a pedir ayuda al Portal Digital Convergencias a más de 12 horas de ocurrido el hecho y sin registro formal del mismo con la gravedad de las lesiones a la vista se visibilizó la situación con la realización de una transmisión en vivo.
A partir del cual las autoridades comenzaron a realizar distintas cuestiones para formalizar los hechos ocurridos el lunes siguiente ante la fiscalía Nº1 a cargo de la Fiscal Patricia Hortel en turno, quien se negó a tomar la denuncia de las víctimas y realizar las diligencias urgentes que la gravedad de los hechos ameritaban, con fundamentos en las medidas de prevención por el Covid-19, pero si la fiscal activó las actuaciones en el Juzgado Federal Nº1 de Azul por infracción de las víctimas a la ASPO.
Ante la falta de respuesta por parte de la Fiscal Hortel, ese mismo lunes 15 de abril la abogada de las víctimas Graciela Achabal radicó la denuncia ante la Fiscalía General por los delitos de abuso autoridad, abuso de arma, lesiones y abandono de persona fue presentada ante la Fiscalía General de La Plata. La causa quedó radicada en la Fiscalía 8 de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial La Plata a cargo de Hugo Tesón y Victoria Huergo. Esa misma tarde la abogada de las víctimas solicitó el acompañamiento de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y la presentación ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense para que se investigue administrativamente a los funcionarios implicados y sean desafectados preventivamente durante el curso del sumario.
Ante la cantidad de testigos que aún restan declarar, así como las medidas probatorias que restan producirse en el debate, quizá se agregue una nueva jornada y en la que además la magistrada dicte veredicto que también puede posponer para más adelante junto con la lectura de la sentencia.
“Esta causa de violencia institucional con lesiones físicas, psicológicas y emocional en las víctimas por parte de efectivos de la Policía bonaerense, es el primer antecedente que puede avanzar en la ciudad de Saladillo y llegar a la instancia de debate en juicio oral y público aún con las dificultades que impuso la dinámica de la pandemia, más todos los obstáculos y desidia de los efectores de la Justicia para obtener una instrucción de la causa como correspondía”, señaló la letrada.
“Aun así, esperamos que funcionen los organismos de control como corresponde; que se pueda prevenir con capacitación adecuada las acciones de los efectivos de la fuerza de seguridad que cumplen mal su función o comenten ilícitos; la adecuada protección de las víctimas por parte de los efectores de la Administración de Justicia, y sobre todo esperamos que se haga Justicia”, finalizó.
