Carbap cuestionó la desregulación en la vacunación contra la aftosa

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) cuestionó con dureza luego de que el Senasa desregulara la aplicación de la vacuna contra la aftosa, lo que abrió la puerta para que los productores puedan elegir directamente un veterinario habilitado ante el ente sanitario al margen de las fundaciones.

Carbap, que reúne a decenas de entidades bonaerenses y de La Pampa, consideró “inconsulta” la medida e hizo diversas advertencias. Por ello recordó que las fundaciones fueron figuras importantes para superar brotes de la enfermedad en el pasado, como en 2001 y 2006. Y destacó que el sistema sanitario argentino “aparece hoy como robusto”.

En este contexto, la entidad que preside Ignacio Kovarsky agregó que numerosos informes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria “muestran la ausencia de circulación viral y niveles de inmunidad poblacional más que adecuados”.

Tras remarcar esto, indicó en un comunicado: “En medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta, sin evidencias económicas que lo respalden y en forma absolutamente inoportuna, se pretende modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña de vacunación”.

En opinión de Carbap, “resulta preocupante que la medida haya evitado la discusión técnica en ámbitos como la Conalfa y las Coprosas, que son precisamente los espacios previstos por la normativa para debatir este tipo de cuestiones”.

Cabe recordar que la semana pasada, mediante la Resolución 201/2026, el organismo nacional modificó el esquema de vacunación del ganado contra fiebre aftosa y brucelosis bovina, introduciendo un cambio en la forma en que los productores pueden organizar esas campañas sanitarias.

La nueva normativa dispone que los titulares de establecimientos registrados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) podrán seleccionar libremente a un veterinario privado acreditado por el Senasa para comprar, conservar y aplicar las vacunas durante las campañas oficiales o en vacunaciones estratégicas.

Sin justificación económica, según Carbap

Carbap también alertó que “tampoco existe una justificación económica clara para el cambio propuesto”, algo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, usó como argumento luego que se conociera la medida.

En ese sentido, la entidad rular destacó: ”Cada fundación, ente o veterinario particular tiene su propia estructura de costos. En algunos casos, las entidades rurales pueden absorber gastos como electricidad, administración o alquiler, lo que permite ofrecer un costo menor por dosis aplicada. En otros casos, esas estructuras deben financiarse íntegramente con la actividad, lo que naturalmente se refleja en el precio final”.

En este contexto, agregó que “para quienes sostienen que el precio de la vacuna es la única variable relevante, cabe recordar que actualmente el costo de la dosis aplicada equivale a menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente equivalía aproximadamente a un kilo”.

Y alertó que en la medida “no se establece quién será responsable de garantizar que la vacunación se realice en tiempo y forma, quién controlará su cumplimiento ni quién asegurará la cobertura en los establecimientos de menor escala”.