Hotesur-Los Sauces: cómo, según el Fiscal, era el circuito de fondos entre los Kirchner y los empresarios

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 realizó este lunes una nueva audiencia del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, en la que continuaron con la lectura de las acusaciones de la fiscalía contra la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner.

La acusación de la fiscalía

El fiscal Diego Velasco apuntó que se investiga una “compleja maniobra delictiva” a través de la cual los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner “montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa” y a la propia familia, informó Noticias Argentinas.

Velasco dijo que para sostener dicha maniobra por más de 12 años “fue necesaria la intervención concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de personas”, entre ellas sus propios hijos, funcionarios públicos y empresarios, quienes ocuparon roles tanto en las empresas Hotesur y Los Sauces como en los conglomerados societarios de los imputados.

Con respecto a los roles, los exmandatarios y Máximo Kirchner formaron en 2006 la firma Los Sauces, la cual se habría usado como “pantalla” para canalizar fondos a los empresarios imputados. El hijo de la pareja fue nombrado como presidente de la firma, mientras que el contador Víctor Manzanares y el escribano Jorge Ludueña también tuvieron un rol en su conformación.

Máximo también tuvo actuaciones vendiendo propiedades a Austral Construcciones S.A., de Báez, “con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad”, firmó contratos de alquiler de los hoteles y retiró fondos de Hotesur.

Otro familiar involucrado en el hecho es Romina Mercado, sobrina de Néstor y Cristina, quien para el fiscal “participó dentro de la asociación ilícita al incorporarse en los dos mecanismos de lavado de activos” asumiendo roles como directora y presidente de Hotesur y Los Sauces.

En cuanto a Báez, López y De Souza, apuntó que “aportaron a la organización criminal la ingeniería societaria y contable” para “hacerse de los fondos públicos” y de otros “beneficios que se le garantizaban desde la esfera pública”, como también de la maniobra para que parte de ese dinero retorne a la familia Kirchner.

Cómo se habría financiado la operación

Según las pruebas de la Fiscalía, la mayor parte de la facturación “correspondía a dinero que provenía de empresas del Grupo Indalo -65%- y del Grupo Báez -23%-”. A lo largo del período investigado, la sociedad les facturó $25.968.042,30 en concepto de alquileres de propiedades y hoteles.

“Los fondos que ingresaban a la empresa o bien provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, o bien ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”.

En lo que respecta a Báez, apuntan que lo investigado en estas causas se encuentra ligado a los delitos juzgados en la causa Vialidad, ya que “ambas configuran distintos planes criminales de una misma asociación ilícita tendientes a sustraer —mediante la defraudación al Estado— y a apoderarse -a través de una maniobra de lavado de dinero- del trabajo de la comunidad”.

Por su parte, el Grupo Indalo -de Cristóbal López y De Souza- tuvo un “crecimiento exponencial” durante los Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, gracias a “negocios que dependían del control o la autorización estatal” y del “otorgamiento de beneficios impositivos ilegítimos”. Luego, alquilaban inmuebles de Los Sauces en el edificio Madero Center “a valores mayores que los de mercado”.

El directorio de Los Sauces

La acusación mencionó que Néstor y Cristina Kirchner designaron y mantuvieron “un directorio espejado al órgano de gobierno compuesto con personas de su entorno íntimo familiar” para “garantizar el éxito” del lavado de dinero, señala Noticias Argentinas.

Máximo Kirchner fue nombrado como presidente de la empresa en 2006 y estuvo en el cargo hasta que fue reemplazado en 2015 por Mercado. Néstor fue director suplente hasta su fallecimiento en 2010, mientras que Cristina Kirchner ocupó este rol hasta 2014. En 2012, Florencia Kirchner entró en reemplazo de su padre como vicepresidente.

El fiscal apuntó que la salida de Máximo y Cristina del directorio de Los Sauces coincidió con “los lazos denunciados” con Lázaro Báez y Cristóbal López y las referencias a la firma en la causa Hotesur, que se inició en 2014.

Con respecto al funcionamiento, acusaron que tanto el diputado como la sobrina de los exmandatarios aprobaban los movimientos de la inmobiliaria. “Llamativamente el arrendamiento de ninguna propiedad de la firma fue tratado, analizado ni aprobado por el órgano de administración”, sino que fueron entregados directamente a “empresarios amigos”.

Además, remarcaron que hubo “inconsistencias” en la confección y conservación de los libros societarios de la firma, ya que los registros contables tenían alteraciones “con la finalidad de enmascarar o recortar la verdad de los hechos”.

Por otro lado, señalaron que Los Sauces no tuvo ni sede social ni empleados para su funcionamiento como inmobiliaria. Luego, registró a dos personas como trabajadores: Florencia Kirchner -quien fue sobreseída y no forma parte del juicio- y el jardinero personal de Cristina Kirchner.

La adquisición del departamento de San José 111

Según la hipótesis del fiscal, la familia Kirchner incorporó terrenos, departamentos y hoteles a Los Sauces para luego alquilarlos a empresas vinculadas con el Grupo Báez y el Grupo Indalo. Sin embargo, algunos inmuebles “no fueron destinados a alquiler”, sino que fueron adquiridos para “uso personal” de algunos imputados.

Entre ellos, menciona los departamento del complejo Madero Center, dos terrenos en Río Gallegos, el hotel La Aldea en El Chaltén, un terreno vendido por Austral Construcciones -que según la fiscalía fue una compraventa simulada para ocultar una donación-, y una vivienda de Cristina Kirchner en Santa Cruz.

También menciona que la sociedad adquirió el departamento de San José 1111, en donde hoy Cristina cumple la prisión domiciliaria por su condena a 6 años en la causa Vialidad. El mismo fue comprado en 2015 por USD 370.000, pero se pagó con Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) y no con dinero en efectivo.

La lectura de la acusación de la causa Los Sauces continuará el próximo lunes 2 de noviembre. Luego, se comenzará con la acusación de la causa Hotesur.