La infraestructura rural volvió al centro del debate legislativo, durante el tratamiento conjunto de los Expedientes Nº 128/2025 (impulsado por La Libertad Avanza) y el Nº 140/2025 (firmado por los bloques del peronismo y el Frente Renovador). Ambas iniciativas, acumuladas por similitud, proponen la creación de una “Comisión Vial” amparada en el Artículo Nº 178 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para planificar, mantener y mejorar la red de caminos del partido de 25 de Mayo.
Durante más de dos horas discusiones, el expediente dejó al descubierto un fuerte cruce sobre la administración de fondos, competencias institucionales y antecedentes legislativos, fializando todo con la vuelta de los expedientes a las comisiones de Obras Públicas, Presupuesto y Reglamento, para continuar su análisis.
La apertura estuvo a cargo de José Guarch (La Libertad Avanza), quien defendió la necesidad de dar una respuesta estructural a un problema de vieja data que atraviesa gestiones, apelando a la unidad del cuerpo “para priorizar la conectividad de los pueblos del interior, la salud y la educación”. En la misma línea, su compañera de bancada Verónica Cortés propuso ensayar una “prueba piloto” en un cuartel antes de un eventual veto del Ejecutivo, postura compartida por Dino Caronello, quien calificó de “genuina” la búsqueda de herramientas superadoras ante el reclamo de los productores por una mayor contraprestación de la tasa.
Desde el interbloque peronista, Fernando Herraiz reconoció la complejidad distrital y sugirió “una aplicación paulatina”, mencionando incluso alternativas como la intervención de AUBASA en determinados tramos, mientras que Javier Méndez consideró que la herramienta podía llegar a funcionar.
El duro contrapunto del oficialismo
La respuesta oficialista apuntó contra los argumentos de la oposición con objeciones de peso técnico. Daniel Boisserenc ironizó sobre la efectividad del sistema al señalar que “unos 130 municipios de la provincia no cuenta con consorcios viales”. Por su parte, Guillermo Lance apuntó contra los impulsores del proyecto, a quienes acusó de pretender una “transferencia de recursos” sin haber dialogado con el intendente Ramiro Egüen, cuestionando además las “contradicciones” de los bloques opositores, apuntando contra Yamila Galdós Carrizo, por rechazar iniciativas similares en gestiones pasadas.
En el tramo más incisivo de la discusión, Mercedes Squillaci desmenuzó las “fallas jurídicas y políticas” del proyecto. La edila oficialista advirtió que la iniciativa “vulnera las facultades del Departamento Ejecutivo” y cuestionó a la oposición por configurar una “superestructura” que pretende manejar recursos propios “sin el control del Intendente”, promoviendo licitaciones e incluso incidir sobre personal municipal.
Asimismo, Squillaci aportó un dato político: “las entidades del sector agropecuario —Sociedad Rural y Federación Agraria— fueron invitadas a debatir pero ninguna se hizo presente”, evidenciando así que el proyecto “no contaba con el aval orgánico del campo”.
En contraposición, remarcó que el Municipio mantiene un vínculo de trabajo diario, registra mejoras en la recaudación de la tasa vial y ya puso en marcha una Comisión de Caminos integrada por concejales, productores autoconvocados y actores de educación y salud. Para cerrar el blindaje técnico, recordó que por el artículo 53 y el 178 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, este tipo de avances sobre facultades del Ejecutivo requería una mayoría especial de 9 concejales.
Hacia el cierre, Yamila Galdós Carrizo (interbloque peronista) cruzó al oficialismo cuestionando el manejo financiero de la administración y señalando incongruencias de posturas respecto a gestiones pasadas, mocionando finalmente el regreso del expediente a las comisiones de Obras Públicas, Presupuesto y Reglamento, que fue aprobado por mayoría.
