El oficialismo y La Libertad Avanza le pusieron “freno de mano” a las intenciones del peronismo, que en los primeros minutos de este martes pretendía tratar sobre tablas un proyecto para autorizar al Ejecutivo a iniciar acciones administrativas, institucionales y judiciales para defender la continuidad del régimen de Zona Fría en beneficio de más de 13.000 usuarios residenciales del distrito de 25 de Mayo.
Casi al cierre de la sesión ordinaria, los ediles peronistas argumentaron su pedido —y el posterior pase a comisiones con pronto despacho, algo que también luego fue rechazado— ante aumentos que, según señalaron, superarán el 60% en las facturas de los usuarios locales.
En ese marco, la concejal Yamila Galdós Carrizo defendió el pronto tratamiento exigiendo que el intendente Ramiro Egüen “se ponga al frente de este reclamo” para ayudar a la ciudadanía frente al fuerte incremento en los servicios. En la misma línea, su par María José Zarza respaldó la vía judicial por considerarla una herramienta más ágil.
La postura del oficialismo
Sin embargo, desde el interbloque oficialista, Mercedes Squillaci cuestionó la postura del peronismo tildándola de “doble vara”, al señalar que “se exige una demanda ejecutiva en lugar de haber impulsado en su momento un proyecto de resolución institucional dirigido a la Nación”, y sostuvo que esto no significa que el tema no le importe al gobierno local.
En tanto, Francisco Recalt calificó el intento de tratamiento sobre tablas como “puro humo”, sosteniendo que la medida “requiere un análisis técnico y reconducción en comisiones”.
Por su parte, Guillermo Lance recordó que el HCD “ya se había manifestado con anterioridad mediante un repudio a los cambios en la ley nacional”, advirtiendo al mismo tiempo que “apurar una medida de esta naturaleza sin el debido debate no es el camino adecuado, máxime cuando solo un par de municipios en el sur provincial han optado por la vía judicial”.
La mirada libertaria
Desde La Libertad Avanza, Dino Caronello argumentó que la modificación de los beneficios por la denominada Zona Fría “responde a una ley nacional recientemente promulgada”, y aclaró que la normativa “contempla salvaguardas para situaciones de vulnerabilidad a través de topes e ingresos atados a canastas básicas, por lo que consideró improcedente desconocer el marco legal vigente”.
Con estos argumentos, la discusión dejó al descubierto las marcadas diferencias de criterio entre los bloques respecto a las vías institucionales para abordar el impacto tarifario, cuyo análisis pormenorizado se dará ahora en las distintas comisiones legislativas del cuerpo.
