Tal como se preveía, el Deliberativo aprobó por unanimidad un proyecto de resolución tomando la nota presentada por padres organizados de 25 de Mayo reclamando la reapertura escalonada y gradual de las escuelas en el distrito, que será remitido al gobernador Axel Kicillof, a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y al Ministro de Salud provincial.
En sesión extraordinaria, Cambiemos y Juntos por el Cambio cuestionó el tratamiento de la nota de los padres “setenta días más tarde de haber sido presentada”, y señaló que “a ellos (por los padres autoconvocados) debemos agradecerles por haber marchado en favor de la educación”.
Silvio Almirón (Peronismo Renovador) y Claudia Elosegui (Frente Renovador), por su parte, destacaron al oficialismo “por avalar la sesión”, y criticaron a la oposición por la “politización” de las cuestiones educativas, remarcando además que desde el 1 de marzo “vamos a volver a los edificios escolares de forma gradual y segura”, porque la educación “nunca dejó de brindarse”.
Al mismo tiempo, no prosperó el proyecto de los bloques opositores que pretendía solicitar al Congreso de la Nación Argentina y a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, establecer a la educación como “servicio público esencial”, pidiendo además al Consejo Federal de Educación que establezca la presencialidad del dictado de clases.
El oficialismo, en cambio, hizo uso de su mayoría para dar paso a una resolución que pedirá a las Legislaturas nacional y provincial “que garanticen el derecho a la educación y el acceso a la cultura, propiciando las normas y las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que nos presenta esta nueva normalidad”.
Además, el HCD pedirá al Consejo Federal de Educación que “establezca la presencialidad del dictado de clases durante el ciclo de escolaridad obligatoria, teniendo en cuanta la diversidad fáctica de cada establecimiento educativo, y con el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes”.
Lo cierto es que el reclamo de la oposición de constituir a la educación como un servicio esencial “que no admite discusión”, afirmaron, chocó contra el argumento de los integrantes del interbloque oficialista, atendiendo la declaración de la Organización Internacional del Trabajo del año 1983, que sostiene que la esencialidad (así como ocurre con salud y seguridad, por ejemplo), atenta contra el derecho a huelga de los trabajadores.
