Verónica Cortés
El debate sobre el sistema sanitario y la prestación de las emergencias médicas de 25 de Mayo volvió a concentrar el centro de la escena en el Concejo Deliberante, a partir de un expediente impulsado originalmente por los bloques de La Libertad Avanza para solicitar informes sobre el contrato con la firma IE Emergencias Médicas.
Tras una respuesta inicial del Ejecutivo y la posterior firma de un nuevo vínculo contractual para el período julio-diciembre de 2026 por un monto de 20 millones de pesos —cifra que elevó los costos respecto a los 11 millones anteriores—, la discusión escaló hasta un fuerte cruce en el recinto.
En la votación inicial, tanto el dictamen del oficialismo que pretendía enviar el expediente al archivo como la propuesta original de la bancada libertaria fueron rechazados. Ante este escenario de paridad, el expediente volvió a la Comisión de Reglamento, donde finalmente se consensuó y despachó un dictamen unificado —centrado exclusivamente en el pedido de informes— que luego fue aprobado por mayoría en el cuerpo.
El tratamiento del expediente expuso profundas rispideces políticas entre el oficialismo, el peronismo y los libertarios. Desde La Libertad Avanza, Verónica Cortés argumentó la necesidad de fiscalizar el servicio ante las recurrentes quejas de los vecinos y planteó evaluar un sistema municipal complementario. “La preocupación es la prestación del servicio, hacer un sistema complementario a IE Emergencias; hoy contamos con una guardia nueva y con médicos residentes, no todos los municipios contratan servicios privados para la emergencia”, señaló.
En la misma sintonía, su compañero de bancada José Luis Guarch remarcó: “Somos coherentes con lo que pregonamos, la salud es una necesidad que no podemos satisfacer nosotros y por eso debemos recurrir al Estado; si se hace una licitación y hay un solo oferente el sistema es deficitario, tiene que intervenir el Estado”, mientras que Dino Caronello cuestionó la priorización de los recursos públicos al apuntar que “el Municipio gasta la misma suma para recoger pastos y ramas en el sector quintas que por el servicio de IE Emergencias”.
Por su parte, desde el interbloque oficialista, Mercedes Squillaci defendió con dureza el rol del Ejecutivo y exigió responsabilidad a la oposición: “Cuando era secretaria de Gobierno y a cargo de la salud del distrito, mandamos cuatro notas y tuvimos reuniones presenciales con el ministro Nicolás Kreplak en dos oportunidades”, detalló, recordando que desde enero de 2024 se le exigió asistencia a la Provincia para poner en marcha un servicio municipal y capacitar paramédicos sin obtener respuestas.
Squillaci apuntó directamente contra los bloques opositores al señalar que “no podemos crear un sistema sin tener en cuenta de dónde va a salir la plata. Eso es una mentira al pueblo cuando tenemos un sistema de salud que es sostenido por los vecinos del distrito”, y en este sentido remarcó que “es imposible recuperar de alguien que no te paga (en relación al sistema impulsado por LLA respecto de un sistema complementario municipal sostenido con recursos de obras sociales y ART) y el ejemplo es IOMA, que le debe 800 millones a 25 de Mayo”, y añadió que “IE Emergencias es un sistema monopólico, invitamos a otras empresas y no vinieron”.
En tanto, los ediles oficialistas Francisco Recalt, Guillermo Lance y Daniel Boisserenc insistieron en que el pedido original de informes ya había sido contestado en su momento, defendiendo el envío inicial al archivo. A la vez que Jorgelina Herrera destacó el esfuerzo salarial del Municipio y cuestionó que se desestime la labor sanitaria. Sin embargo, ante el avance del debate por el nuevo tramo contractual del segundo semestre, se abrieron canales de entendimiento en la comisión correspondiente.
Desde el interbloque peronista, los cuestionamientos se centraron en la falta de respuestas financieras y el contraste con las promesas de campaña. El concejal Fernando Herraiz recordó que “el sistema de emergencias es de la plataforma de campaña de Ramiro Egüen; desde nuestro bloque pedimos una plataforma de formación para los técnicos, es fácil prometer algo y después ir a Provincia para ver si me dan algo”.
Por su parte, Yamila Galdós Carrizo tildó la exposición oficialista de Squillaci como una “puesta en escena” y advirtió sobre la caída en los indicadores de coparticipación y atención, sentenciando que la gestión municipal deja “inseguridad jurídica” e intenta “imponer la mentira como forma de gobernar”. A su turno, María José Zarza justificó la necesidad de aprobar la norma al señalar que “la contestación fue en mayo por el primer semestre, ahora es necesario saber qué pasa con el segundo semestre con un contrato que pasa de 11 a 20 millones”.
Tras el paso del expediente por la Comisión de Reglamento y la sanción del dictamen unificado votado por mayoría, el cuerpo legislativo formalizó los siguientes requerimientos dirigidos al Ejecutivo:
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