“Desde la vuelta de la democracia, nuestra misión se centró en consolidar y fortalecer los principios republicanos”, afirmó la senadora provincial de Juntos por el Cambio Carolina Tironi. “A través de un contrato moral y ético decidimos transitar el camino hacia la construcción de una República de iguales, justa y transparente, donde prime la independencia de los poderes, y reine el funcionamiento y la dinámica libre de los mismos”.
Señaló que “para sustentar el régimen democrático, era fundamental evitar el uso hegemónico del poder, promover el Estado de Derecho, la división y el control de los poderes públicos, y garantizar los derechos de los ciudadanos”.
“En tal sentido, la institucionalidad se presenta como la línea rectora del funcionamiento estatal, por medio de la cual se evita la concentración del poder, y se construye un Estado capaz de representar los intereses generales y los derechos fundamentales”, advirtió.
Agregó que “a lo largo de la historia, la República ha sido expuesta a vicios que quieren torcer el desarrollo íntegro de los valores, que desordenan el camino hacia el humanismo, la igualdad y la transparencia”, señalando que ante esto “como funcionarios públicos, y representantes políticos, asumimos la responsabilidad de que dichos principios se respeten y se cumplan, que la sociedad los legitime”.
“Sin embargo, las prácticas irresponsables de algunos funcionarios intentan poner en jaque la institucionalidad, promoviendo mecanismos de perversos que deterioran la democracia”, afirmó Tironi. “Muestra de ello, es lo que estamos vivenciando con el proceso de Rendición de Cuentas en el Municipio de 25 de Mayo. Una situación alarmante y preocupante”.
“Desde hace tiempo el mismo accionar se repite constantemente”, dijo.
“Al momento de ejercerse el rol de contralor por parte de los ediles de la oposición, el Ejecutivo Local les niega el derecho de acceder a la información pública. Por tales maniobras los concejales se ven imposibilitados de cumplir plenamente su función. Dar cuenta del estado de la ejecución presupuestaria y de las arcas financieras del distrito es un derecho de los representantes”.
Y sostuvo que “negar el acceso a la información pública municipal, entorpece la labor institucional, dado que los concejales no pueden desempeñarse como contralores de las decisiones en materia contable y financiera tomadas por el Ejecutivo local”.
Para la legisladora “estas prácticas dejan en evidencia el accionar autoritario de la clase dirigente, que, implementando mecanismos perversos, deterioran la democracia y atentan contra la ética del deber político denostando las reglas institucionales. La oposición ha actuado de manera responsable, desempeñándose con un rol constructivo, defendiendo los intereses de los ciudadanos”.
“Exponer lo que se está viviendo ante un proceso tan relevante para un distrito como lo es la Rendición de Cuentas, no significa hacer uso político de lo acontecido, si no de cumplir con la responsabilidad que se asumió al momento de ejercer como funcionario público”, señaló.
“Sacar ventajas políticas resulta incorrecto, inmoral y éticamente reprochable”, dijo, y enfatizó que “el deber como funcionario público es representar los intereses de los ciudadanos, fortaleciendo el andamiaje institucional y garantizando la transparencia pública”.
