Mercedes Squillaci
Durante la audiencia pública en el Deliberativo por el traslado del corsódromo al predio ferroviario de la ciudad cabecera y la creación un espacio multieventos, la secretaria de Gobierno y concejal electa por Acción Ciudadana, Mercedes Squillaci, expuso irregularidades vinculadas al contrato de comodato firmado durante la gestión del ex intendente Hernán Ralinqueo, mediante el cual la Municipalidad de 25 de Mayo cedió en uso los galpones de la Estación Ferroviaria de Ernestina.
La funcionaria, provista de documentación, detalló que el acuerdo fue suscripto en junio de 2021 con un particular, cuya identidad prefirió no divulgar, y establecía que el Municipio recibiría materiales de construcción como contraprestación por la utilización de los espacios.
Manifestó Squillaci que en la documentación oficial “se encontraron recibos firmados por el ex secretario de Gobierno, Nicolás Lorenzo, donde se dejaba constancia de la recepción de chapas como contraprestación del comodato celebrado por el uso de los galpones de Ernestina”.
La Secretaria de Gobierno explicó que, al realizar un análisis estimativo, “podría hablarse de alrededor de 330 chapas, si se considera el período comprendido entre junio de 2021 y noviembre de 2023, que fue el plazo de duración del contrato”. Y que, según la consulta realizada a las distintas estaciones del distrito, no se habrían utilizado efectivamente esos materiales en las estaciones ferroviarias del distrito, que era el objeto del contrato.
Squillaci subrayó un aspecto que calificó como “central”: “la gestión de Ralinqueo no contaba con un permiso de uso precario sobre el inmueble; pese a ello, se procedió a firmar una contratación sobre un espacio que no era de su propiedad ni tenía derecho de uso vigente”.
Explicó que el contrato “preveía que los materiales obtenidos como contraprestación serían destinados al arreglo de todas las estaciones ferroviarias del tendido en el Partido de 25 de Mayo, pero “no hay registros administrativos que acrediten que eso haya sucedido”.
“La documentación hallada incluye recibos provisorios firmados por Nicolás Lorenzo, lo cual refuerza la necesidad de una revisión administrativa exhaustiva”, señaló la funcionaria.
Finalmente, aludió un aspecto jurídico: “los contratos de comodato son, por naturaleza, gratuitos. Este caso demuestra que se trató de un comodato oneroso, lo que en los hechos constituye un contrato de alquiler, suscripto, además, sin tener el permiso correspondiente para disponer del inmueble”.
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