El presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
El Senado sesionará este jueves, a partir de las 12, para tratar una agenda acotada de temas y que tendrá una novedad un tanto amarga para el Poder Ejecutivo: si bien se incluyó en el temario, el proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA sufrirá modificaciones y, por lo tanto, no será ley, ya que deberá volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados.
Los cambios que demorarán la sanción de la reforma del marco regulatorio del Central fueron confirmados por la líder del bloque oficialista de la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), al término de la reunión de jefes de bloque.
La novedad tiene que ver con la cláusula elaborada por el Poder Ejecutivo que, para blindar y darle estabilidad al BCRA, estableció la necesidad de conseguir el voto de los dos tercios de ambas cámaras para remover a un director de la entidad, una mayoría agravada similar a la que se requiere para el juicio político al Presidente y a los jueces de la Corte.
Una norma tan estricta era la forma en la que la administración libertaria pretendía blindar al actual titular del BCRA, Santiago Bausili.
En el recinto se cambiará ese texto por uno que establecerá la necesidad de reunir mayoría absoluta de 37 votos afirmativos, tanto para designar −hoy se requiere la mitad más uno de los presentes− como para remover a los miembros del directorio de la autoridad monetaria, incluido su presidente.
Además, se excluirá a la Cámara de Diputados del proceso, que quedará limitado al Senado por ser la cámara legislativa que tiene la facultad constitucional de nombrar a los miembros de la conducción del banco, según destacó Bullrich al explicar las modificaciones que se le introducirán al proyecto.
En la reforma de la carta orgánica del Banco Central se involucró el propio presidente Javier Milei, quien la ubicó como una de las prioridades legislativas de su Gobierno al considerarla una iniciativa estratégica.
Su principal reforma es la modificación de la ley que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria para fijarle como principal objetivo la de preservar el valor de la moneda, eliminando las metas fijadas durante el kirchnerismo, que incluían la preservación del empleo y del desarrollo económico con equidad social, entre otras medidas.
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