La renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía trajo otro alejamiento que pone en duda la segmentación de tarifas que pensaba implementar el Gobierno. Quien pegó un portazo horas después del economista platense fue Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Estratégico de la Secretaría de Energía y el funcionario clave que diseñó el esquema y el formulario para la segmentación de gas y luz y que generaba rechazo del kirchnerismo.
El funcionario que respondía a Guzmán dentro del área de Energía, controlado por sectores cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández, dejó su cargo argumentando, al igual que Matías Kulfas, que la interna no lo dejaba gestionar y que el kirchnerismo “es una máquina de impedir”.
La semana pasada el secretario de Energía, Darío Martínez, había delegado por completo la implementación de la segmentación de tarifas en Osornio, quien estaba a cargo también de hacer funcionar y “mantener actualizado el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)”.
Ahora será la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, quien deberá decidir el futuro del plan de segmentación que todavía genera contrapuntos en la coalición del Frente de Todos. Ese sistema estaba listo desde hace dos semanas, pero el fuego cruzado en la coalición gobernante impidió ejecutarlo en tiempo y forma. Y la demora fue una de las causas que impulsaron el alejamiento de Guzmán.
En el Gobierno insistirán con que los hogares de mayores ingresos paguen un importe más alto por las boletas de luz y gas. Pero el criterio que se intentaba implementar (ingresos actuales de $ 350.000 mensuales, posesión de autos e inmuebles) sería descartado y se avanzaría en una nueva metodología. Una posibilidad es la “georeferenciación”, aplicable a los barrios de mayor valor inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y countries.
El Gobierno mantuvo los importes de las boletas de los servicios públicos congeladas durante 2020 y apenas las subió en 2021 (entre 6% y 9%). La segmentación busca eliminar los subsidios a la energía para ahorrar unos $ 15.000 millones del gasto público y poder compensar los millones de dólares que causa el incremento de las importaciones de energía. (DIB)
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