La Legislatura bonaerense sancionó esta madrugada una ley que amplía la estructura de la Defensoría del Pueblo para sumar seis nuevos adjuntos a la estructura y renovó el mandato de su titular, Guido Lorenzino, por cinco años más.
La norma aprobada primero en Diputados y luego sancionada en el Senado fue presentada por el legislador Mariano Cascallares y dispone que el defensor del Pueblo tendrá dos defensores adjuntos generales y cinco defensores adjuntos.
Los adjuntos serán de derechos humanos y usuarios de servicios de salud, de derechos sociales, de servicios públicos y obras públicas, de medio ambiente y asociaciones civiles y de relaciones institucionales.
Así, la Legislatura renovó el mandato de Lorenzino, dirigente del peronismo que contó para ello con el respaldo del sector de los intendentes del Frente de Todos; del Gobierno nacional a través del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; y del gobernador Axel Kicillof.
Además, se dispuso que el actual defensor adjunto general continúe siendo Walter Martello (del Frente Renovador); que Eduardo “Cholo” Ancona, del Movimiento Evita, siga en Derechos Sociales; y se designó a Gerardo Ontivero en Servicios Públicos; y a Marcelo López en Relaciones Institucionales.
Quedaron sin designar un defensor adjunto general; y el defensor adjunto de derechos humanos y el de medio ambiente.
El defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes; ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones.
La elección del defensor del Pueblo corresponde al Poder Legislativo, es decir, es nombrado por miembros de ambas Cámaras provinciales con dos tercios de la totalidad (mayoría calificad), y permanece en el cargo por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido para un segundo mandato. El primer mandato de Lorenzino y del resto de las autoridades de la Defensoría se vencía el 10 de enero. (DIB) FD
