Ordenan devolverle a Cristina Fernández la pensión de Kirchner, y a la vez piden embargarle el departamento

La expresidenta Cristina Kirchner fue objeto de dos resoluciones judiciales en las últimas horas, una que la benefició y otra que la perjudicó: la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó que vuelva a cobrar la pensión por viudez, mientras que el fiscal Diego Luciani pidió que le decomisen el departamento de San José 1111, donde cumple prisión presupuestaria.

La decisión de la Cámara suspendió la resolución de ANSES que le quitó la pensión bajo el argumento de que le impone una privación de “naturaleza alimentaria ”.

En noviembre de 2024, el gobierno nacional dio de baja la jubilación de Cristina Kirchner como ex presidenta y la pensión por viudez de Néstor Kirchner. Por ambas asignaciones la ex mandataria cobraba 21 millones de pesos brutos por mes.

El motivo de la decisión fue el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había confirmado la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El gobierno alegó que las jubilaciones a los ex presidentes se otorgan por la ley 24.018 como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo, lo que es contrario a la condena penal que recibió.

La ex mandataria inició una causa judicial para que se anule la decisión de la ANSES y le vuelvan a pagar la pensión por viudez. Explicó a través de sus abogados que la ley establece que esas jubilaciones solo se pueden revocar en caso de juicio político, lo que no ocurrió en su caso.

El decomiso que ordenaron Luciani y Mola

A la vez, Luciani, Luciani y Sergio Mola solicitaron avanzar con el decomiso del departamento de San José 1111, parte de un lista de 141 inmuebles que piden decomisar.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.

“Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo ”.

De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, apuntaron.