Marcha a la Corte: van oficialistas y ministros, pero el Gobierno es prescindente

Organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial marcharán el martes próximo a la sede de la Corte Suprema para reclamar por cambios en la Justicia. Será una manifestación con fuerte presencia del oficialismo –incluso irán ministros nacionales- pero frente a la cual el gobierno se declaró prescindente. La oposición, en cambio, expresó un fuerte rechazo.  

Bajo la consigna “Democratizar la Justicia”, la convocatoria será a las 18 en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia del macrocentro porteño, y contará con la asistencia ya anunciada del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; del titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; del co-secretario general de la CGT y dirigente camionero, Pablo Moyano; y del dirigente social Luis D’Elia. Además, dijeron que irán el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.

Voy a estar en la movilización del 1 de febrero; es importante generar procesos de democratización de la Justicia”, afirmó Ferraresi, dirigente del riñón de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por su parte, Mena -otro de los cercanos a la ex mandataria- dijo que le “parece bien” la marcha convocada contra los integrantes del máximo tribunal y consideró que “los poderes” del Estado deben saber “cuál es su límite”.

Caamaño a su turno respaldó la movilización al Palacio de Tribunales y afirmó que “es más que necesaria” porque hay que “terminar con la corporación judicial que son parte del lawfare”.

“Estoy de acuerdo con la movilización, porque la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda”, sostuvo la directora.”

También estará uno de los organizadores de la convocatoria, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, Juan María Ramos Padilla, padre del juez federal Alejo Ramos Padilla, que llevó adelante la investigación por el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Ramos Padilla, amigo personal del expresidente Raúl Alfonsín, fue uno de los primeros jueces que investigó, apenas recuperada la democracia, la disposición final de desaparecidos en cementerios públicos de la provincia de Buenos Aires.

Al anunciar la movilización, Ramos Padilla convocó al acto público para que el Poder Judicial “se transforme en un servicio de justicia” y para que su función no quede en una mera “protección a intereses que no son los propios de los argentinos”.

En cuanto a los organismos de derechos humanos, ya comprometieron su participación Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otros organismos, que ya se sumaron a la convocatoria en las redes #1FmarchamosALaCorte.

El partido Frente Grande acompañará también “con expectativas y esperanzas” la movilización al Palacio de Tribunales convocada este martes para reclamar la “democratización” de la Justicia y protestar contra la Corte Suprema.

Gobierno y oposición

En el espectro opositor, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio difundió el viernes un comunicado criticando la marcha contra la Corte y señaló que suma “gravedad institucional” a la escena política.

Luego de señalar que la Constitución consigna un mecanismo para la remoción de los jueces, el partido que gobernó de 2015 a 2019 estimó que “este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno”.

No obstante la postura de la oposición, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, dijo en su habitual contacto con los periodistas de Casa Rosada el jueves que el Gobierno “no toma postura” respecto a la marcha. Es una diferenciación fuerte sobre todo de la postura de los funcionarios del propio Ejecutivo ligados a la vicepresidenta Kirchner que dijeron que irían o respaldaron la iniciativa.

“El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno”, dijo Cerruti.

De todas formas, señaló que “la postura del Gobierno respecto de la Corte Suprema, y de la tardanza de la Justicia, así como a la arbitrariedad con la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, y respecto de la falta de justicia en general, es bien conocida”.

Las tres principales consignas del acto son el repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y por el fin del “lawfare” o la “guerra judicial” con fines políticos.

Si bien es un acto transversal que reúne a organizaciones y dirigentes de extracciones heterogéneas, desde la organización anticiparon que el acto tendrá como único orador al juez Ramos Padilla. (DIB)