El grupo Mamás de Pañuelo Amarillo protagonizó un nuevo acto de protesta en la sede de la Fiscalía Nº 1 de Saladillo, a cargo de la doctora Patricia Hortel, con el propósito de hacer sentir sus reclamos de justicia por las víctimas de abusos sexuales contra menores y mujeres y que los victimarios vayan presos.
Las integrantes de la agrupación afirmaron que sigue exigiendo la renuncia de la fiscal al considerarla como cómplice de los delitos que denuncian por “no hacer nada con las denuncias y encubrir a los violadores”. Insistieron en que siguen recibiendo información sobre nuevos casos de abusos y violencia contra mujeres, donde incluso la familia y amigos de un supuesto abusador amenaza a la víctima y a sus familiares, y también denunciaron que hay víctimas que no reciben atención psicológica ni tampoco el acompañamiento adecuado a esta delicada situación. “Hay gente que ponen plata para que la causa quede archivada. La justicia y la fiscal Hortel no se manejan por leyes sino por plata, como encubrieron el asesinato de Marisol”, expresaron.
“Vamos a seguir marchando hasta que trabajen como es debido. Teniendo pruebas sobre casos de abuso sexual a menores, ¿qué espera la justicia de Saladillo, la corrupción de Saladillo, para actuar contra estos pedófilos que están sueltos en este pueblo?”, remarcaron.
Por otro lado criticaron que en el Centro de Asistencia a la Víctima, a donde acudió una de las victimas mencionadas, no se tratada adecuadamente a quienes van a solicitar ayuda ni atienden su reclamo. “En vez de defender a las víctimas defienden a los abusadores. Todas las que se acercan a esta oficina sufren maltrato, las revictimizan, dudan de ellas y las exponen a situaciones emocionales violentas, y se van peor de lo que llegaron”, denunciaron.
Por otro lado también expresaron críticas al Servicio Local, a donde, afirmaron, llevaron denuncias y no obtuvieron respuestas, y pidieron al intendente José Luis Salomón que se informe sobre las acciones que en este servicio se desarrollan. Asimismo solicitaron que en Saladillo se cree un padrón de abusadores, de acuerdo a la ley provincial que estableció un registro de condenados por delitos sexuales y contra la integridad sexual, ya que en el territorio bonaerense hay 6700 condenados.
