Lobosco: “La Ayudantía no es solo una oficina. Es justicia al alcance de la mano”

A través de una carta abierta a toda la comunidad, la concejal ex oficialiista Claudia Lobosco se expresó sobre la controversia generada a partir de un posible cierre de la Ayudantía Fiscal 25 de Mayo, apuntando contra el Ejecutivo municipal.

El Intendente Municipal  tomó una decisión que me preocupa profundamente: cerrar la Ayudantía Fiscal de nuestra ciudad, creada en la administración de la Dra. Victoria Borrego. Y lo hizo de la forma más silenciosa posible: dejando de pagar el alquiler, la luz y el gas del lugar donde funcionó durante más de una década. Sin renovar el convenio con el Ministerio Público Fiscal mediante un decreto que acompaña la firma de la Secretaria de Gobierno.  Estos contratos anuales, en el marco de un convenio de colaboración garantizaban el funcionamiento de un servicio  fundamental para el acceso a la Justicia Local. Una determinación de estas características deriva en la desaparición de este servicio esencial, como si fuera un gasto innecesario. Pero esto no es un gasto. Esto es un derecho.

La Ayudantía no es solo una oficina. Es justicia al alcance de la mano. Es el lugar donde cualquier vecino puede ir a denunciar un hecho violento, un robo, una situación de abuso, una amenaza, sin tener que hacer 140 km hasta la ciudad de  Mercedes. ¿Se imaginan eso para una mujer que sufre violencia y necesita protección urgente? ¿O para una familia que perdió todo en un robo? Hoy eso se resuelve acá. Cerca. Gracias a esta estructura, la Justicia no es un privilegio de ciudad grande, es un derecho para todos. Y perderla sería volver a la época en la que las ciudades del interior estaban solas y desprotegidas a la espera de una resolución tardía.

Y si a alguien le quedan dudas de la importancia de este organismo, bastan los datos: solo en 2022, la Ayudantía Fiscal de 25 de Mayo inició 888 Investigaciones Penales Preparatorias, promediando 74 causas al mes. En ese mismo año tomó más de 500 declaraciones testimoniales y participó de 25 allanamientos, varios por delitos graves como abuso, robo o violencia de género. En 2023, lejos de disminuir el trabajo aumentó: se iniciaron 957 causas, con 759 declaraciones y 42 allanamientos. También se registraron 46 órdenes de detención. No son números. Son hechos concretos. Son personas, vecinos, víctimas que fueron asistidas, protegidas y escuchadas. Todo eso ahora está en riesgo.

No hay una razón presupuestaria. No se trata de dinero. Se trata de decisiones políticas. Esta medida es una demostración de principios, de intereses.  No sostener lo que se construyó con esfuerzo y acuerdos institucionales en otros tiempos, y que tanto beneficio a traído a la comunidad.  Pero ni siquiera ofrecieron una alternativa. No socializaron, no hubo charlas ni debates, solo la silenciosa firma de un decreto, subestimando a la comunidad toda.  El resultado: 25 de Mayo se queda sin Justicia cercana. Y lo más grave es que en otros municipios del mismo Departamento Judicial —Bragado, Chivilcoy, 9 de Julio— las Ayudantías funcionan con normalidad. No las tiraron abajo. Las sostienen, porque entienden que están ahí para proteger a la gente.

En las últimas horas, como si todo esto no fuera suficiente, algunos trolls y concejales que se dicen “defender a los más indefensos y que siempre van a estar para protegerlos”, salieron a decir que la Ayudantía Fiscal podría funcionar en la Casa de la Provincia. Lo dicen como respuesta improvisada a la crítica, sin haber hecho ni una sola gestión, sin haberlo propuesto nunca en ningún lado seriamente, y sin siquiera hablarlo con el Ministerio Público Fiscal. Es una forma de tapar el desinterés  con declaraciones vacías, que no resuelven nada. Y peor aún: es una falta en el ejercicio de los deberes de funcionario público mentir o improvisar sobre un servicio tan sensible como es el acceso a la justicia.

Por eso escribo esta carta. No comparto en nada la posición tomada por el Municipio de 25 de Mayo,  ni en lo político, ni en lo Institucional, ni en lo Ético. Porque no me da lo mismo. Porque esto no es una cuestión de partidos políticos, sino de principios. Porque el Estado no puede borrarse justo donde más se lo necesita.  Les pido a todas las instituciones, asociaciones, clubes, iglesias, sindicatos, medios, profesionales, a cada vecino: no dejemos que esto pase en silencio. Le estamos cerrando la puerta a la Justicia a quienes más la necesitan. Estamos cerrando la puerta a los mecanismo Republicanos y Democráticos. Y eso tiene consecuencias.

La representatividad a través de la ocupación de cargos temporales no amerita sentirse dueño del pueblo. El Sr. Intendente tiene a cargo la administración y representación del municipio y al conjunto de la ciudadanía cuidando el bienestar general, del mismo modo que nosotros, los concejales, representamos a las mayorías y a las minorías. Nadie tiene un cheque en blanco. Y cuando se trata de derechos, de justicia, de servicios esenciales, el silencio no es una opción.

Con firmeza, con respeto, y con la voz bien alta.

Prof. Claudia Lobosco – Concejal Pro – Democracia