Lobosco: “El Intendente debería explicar por qué insiste en la intención del cierre de la Ayudantía Fiscal”

“El próximo lunes 11 de agosto, en el Honorable Concejo Deliberante, tomará estado legislativo el veto que el Intendente municipal ha dispuesto sobre la Ordenanza Nº 3603/2025 aprobada por mayoría —no por unanimidad— que le permitía continuar la locación del inmueble de las oficinas donde funciona la Ayudantía Fiscal. No se trata de un alquiler nuevo: es el mismo que se sostiene desde la gestión de la Dra. María V. Borrego y que ha garantizado, hasta hoy, que esta institución judicial funcione en nuestro distrito.

El Intendente justifica su rechazo alegando que el Concejo se extralimita al imponerle la continuidad de este contrato. Sin embargo, cabe recordar que fue él mismo quien, sin previsiones ni alternativas, dio de baja el alquiler argumentando que se trataba de un gasto elevado en tiempos de “emergencia económica”. Una emergencia que el mismo mandatario reconoció ya no existe, entonces, los recursos para cumplir con lo establecido en la Ley provincial Nº 14.176 están, podrían salir de las mismas partidas con las que se compraron varias camionetas 0 km para uso de funcionarios —incluida la que utiliza el propio Intendente, sin ploteo oficial, y que incluso lleva a su casa como si fuera un vehículo particular.

La gravedad del veto no radica solo en una cuestión administrativa. Si esta medida prospera, la Ayudantía Fiscal deberá devolver el edificio a la Asociación Protectora Hogar de Niños, y 25 de Mayo perderá un servicio esencial. En el HCD hay un expediente, iniciado por la Asociación Protectora Hogar de Niños, donde dejan en claro que la deuda del Municipio con esta institución no será objeto de demanda judicial, demostrando que el diálogo y la buena voluntad siguen siendo pilares para el crecimiento de una comunidad.

La alternativa propuesta por el Intendente —trasladar la Ayudantía a un edificio municipal en calles 103 y 32—, aunque ediliciamente podría acondicionarse, presenta serias limitaciones de accesibilidad y condiciones edilicias inadecuadas: no hay red eléctrica, ni cloacas, ni siquiera calles abiertas, no hay veredas peatonales, ni desagües, ni conectividad a internet, ni cámaras de vigilancia. Una evaluación del equipo de arquitectura del Ministerio Público Fiscal habría justificado con total claridad por qué desaconsejaría este traslado: no existe nada que garantice que allí pueda funcionar con la normalidad y operatividad que hoy tiene. Poner ese lugar en condiciones demandaría altos costos, y meses de obras, tiempo que no tenemos debido al veto.

Para quienes vivimos en una comunidad semi-rural, el servicio de la Ayudantía Fiscal no es un lujo, sino una necesidad. Evita que los vecinos deban recorrer 130 km hasta Mercedes para radicar una denuncia o realizar trámites judiciales. Y para muchos que no cuentan con recursos económicos ni transporte público, esa distancia es, sencillamente, una barrera insalvable.

Estamos ante una encrucijada. Para rechazar el veto, se necesitará que al menos 11 concejales levanten su mano en defensa de esta Institución. Por eso, es momento de preguntarnos: ¿defenderán todos los representantes los intereses de la comunidad o serán custodios de políticas carentes de toda lógica? Mi postura será defender esta dependencia que imparte justicia como lo hice en la Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 16 de julio del corriente año.

El Intendente, en lugar de buscar revanchas personales y demostrar una postura caprichosa, debería explicar por qué insiste en la intención del cierre de la Ayudantía Fiscal. No es una medida política en beneficio de la comunidad ya lo sabemos, es todo lo contrario y aun así persevera en su objetivo, sin medir las consecuencias lamentables para los veinticinqueños.

Invito a las instituciones, al Colegio de Abogados, y de otros profesionales, a los comerciantes y a todos los ciudadanos, a que se acerquen este lunes al HCD, en calles 10 y 27, para presenciar la Sesión y ser testigos de qué concejales están del lado de la comunidad.

La propuesta de ampliar los servicios judiciales, anunciada por el Intendente después de que la comunidad tomara conocimiento de la situación gracias a la carta del abogado Diego Canullán, no evitará el cierre de la Ayudantía Fiscal. Es un anuncio como tantos, sin siquiera el acuerdo con el Ministerio público Fiscal. ¿O creerá el Sr intendente que puede desde su despacho manejar la Justicia?

La agenda propagandística del intendente por las próximas elecciones, no debería dejar en un plano casi desapercibido este tema de alta implicancia comunitaria.

Defendamos lo que es nuestro. Defendamos la Justicia en 25 de Mayo. Defendamos la Ayudantía Fiscal en nuestro distrito”.

Claudia Lobosco – Concejal Pro Democracia