Llegó mayo, por tres meses se suspende el MESA y crece la inquietud en los municipios

Desde el inicio de este mes y por 90 días, el Gobierno de Axel Kicillof suspendió la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). La medida afecta a 2 millones de alumnos bonaerenses que llevan a sus casas una caja que mensualmente contiene alimentos básicos por unos $15.000.

La decisión fue formalizada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, mediante una resolución que establece una “reasignación de partidas” para garantizar el funcionamiento del sistema alimentario escolar considerado esencial. Todo en medio de una fuerte polémica con el Gobierno nacional por el recorte de fondos y en una creciente preocupación de los intendentes por la situación que atraviesan miles de familias en los municipios.

De hecho, en Ramallo la comuna avanza en la implementación de un programa alimentario propio para garantizar la asistencia a las familias del distrito. En este sentido, el intendente Mauro Poletti instruyó a las áreas municipales a diseñar un esquema de emergencia que garantice la continuidad del acompañamiento a las familias que más lo necesitan.

Suspensión del programa MESA

La medida se inscribe en el marco de la emergencia económica provincial y, según el texto oficial, responde a la “profunda recesión” y al “incumplimiento de transferencias automáticas y no automáticas” por parte del Estado nacional. Pese a esto, el Gobierno bonaerense anunció días atrás un aumento de los fondos para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), la asistencia alimentaria a los municipios y un conjunto de programas sociales.

“El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles”, dijo Kicillof, y apuntó a la deuda de unos $220.000 millones que su ministro de Desarrollo Social le reclama a Sandra Pettovello, en conceptos de transferencia para financiar el SAE.

Estos dichos fueron tras la marcha de intendentes bonaerenses junto a la vicegobernadora Verónica Magario y Larroque a Capital Humano para reclamar el envío de fondos adeudados por el Gobierno nacional destinados al servicio alimentario de millones de chicos. Todos los alcaldes que estuvieron allí mostraron su preocupación porque entienden que cada vez es más complicada la situación de miles de familias vulnerables y con esta medida se agrava el panorama.

Sin embargo, la ministra evitó recibir la nota de reclamo y los recibió con un cartel frente a la sede porteña. “Intendentes diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”, rezaba el texto sobre un cartel de 2 por 3 metros que tapaba una puerta.

Los detalles del MESA

Frente al recorte del MESA, la Provincia avanzó con otras medidas de alivio. Incrementó el 30% del SAE, por el cual 2.500.000 de alumnos de todos los niveles de escuelas públicas reciben desayuno, almuerzo y merienda, lo que requiere una inversión de 13 mil millones adicionales todos los meses. También subió un 25% lo destinado a programas sociales como el ENVION o Más VIDA y se duplican las transferencias para asistencia alimentaria que se entregan a municipios.

En 2020, durante la pandemia de Covid-19, el Plan Mesa fue lanzado como un refuerzo alimentario para suplir la falta de acceso a comedores escolares. La cantidad de productos se redujo notablemente, cuando en los primeros envíos, cada caja se conformaba de dos paquetes de harina, dos de arroz, dos de lentejas, fideos, dos aceites, dos sachets de leche, arvejas, una docena de huevos, levadura y salsa de tomate.

En la actualidad, contenía menos productos, pero era esperada por 2.070.000 personas, el total de cajas que se repartía. En localidades del conurbano como Tigre, llegaba a 40 mil familias, en algunas grandes del interior como San Nicolás a 14.000 mientras que en más pequeñas como Azul a 8.000 y Balcarce a unas 3.000.

Desde la Provincia argumentaron que el presupuesto necesario para sostener la asistencia hasta fin de año asciende a unos 200 mil millones de pesos. Algo que Nación, por el momento, no está dispuesto a liberar.