Libertarios impusieron nuevo pedido de informes por la compra de camionetas

El uso de la flota vehicular del Municipio centró otro de los debates intensos en el cierre de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante veinticinqueño. A partir de una iniciativa inicial del exfuncionario Octavio Pavia, contestada por el Ejecutivo, la edil Verónica Cortés (La Libertad Avanza) promovió la reconsideración de un expediente previo y logró aprobar por mayoría un nuevo pedido de informes dirigido a la Intendencia.

La resolución aprobada exige que la administración comunal detalle los movimientos contables y la afectación real de seis camionetas adquiridas a la firma Emilio Pourtau y Hnos. S.A.I.C. por un monto total de $294.737.778. En concreto, el cuerpo deliberativo reclama que se aclare por qué la compra fue imputada originalmente durante el ejercicio 2025 a la Dirección de Vialidad y al mantenimiento de caminos rurales cuando los rodados terminaron prestando servicios en distintas delegaciones.

Asimismo, el texto solicita la documentación respaldatoria de los movimientos patrimoniales, la rectificación de la doble afectación detectada en una unidad puntual y la precisión sobre cuántas de esas camionetas continúan operando efectivamente en el área vial.

Debate encendido

Lejos de agotarse en la faz técnica, el tratamiento del expediente desató un fuerte cruce político en el recinto. La concejal libertaria Verónica Cortés fundamentó la revisión de los puntos y advirtió sobre la necesidad de que la contabilidad municipal refleje con fidelidad la realidad de los recursos. En sintonía, su compañero de espacio José Guarch remarcó que al afectar fondos a la tasa vial es imperativo cuantificar los costos para garantizar absoluta transparencia en la prestación de los servicios.

La discusión escaló de tono cuando la oposición peronista sumó cuestionamientos directos sobre el uso de los móviles. En medio del debate, Yamila Galdós Carrizo lanzó una dura denuncia al señalar que “el vehículo asignado al intendente Ramiro Egüen acumula múltiples infracciones de tránsito por un valor aproximado de 6 millones de pesos”, criticando además que la unidad carezca de ploteo y geolocalización. A las críticas sobre las multas acumuladas en la flota oficial se sumó brevemente su par Julio Brunelli.

Desde el interbloque oficialista la respuesta fue categórica y apuntó a defender el modelo de gestión territorial. La concejal Mercedes Squillaci desestimó los cuestionamientos y reivindicó “la descentralización de las tareas comunales”, argumentando que las camionetas “no son para pasear sino herramientas indispensables para que delegados y empleados atiendan los miles de kilómetros de caminos rurales ante delegaciones que recibieron arrasadas”.

En esa misma línea, el concejal Guillermo Lance justificó el uso de los recursos de Vialidad y cuestionó la legitimidad del planteo al señalar que el expediente original proviene de una figura del gobierno del exintendente Hernán Ralinqueo, vinculada a una empresa contratista, postura que ratificó su par Daniel Boisserenc al calificar la solicitud como un “recurso opositor” impulsado con malicia pese a estar respondido.