La Provincia aprobó una regulación sobre inteligencia artificial en el Estado

Mientras en Argentina comienza a debatirse una ley marco sobre inteligencia artificial (IA) amparado en normas ya aprobadas en la Unión Europea, Australia y otros países sudamericanos, la provincia de Buenos Aires aprobó reglas para el desarrollo y uso responsable en el Estado.

Así lo dispuso a través de la Resolución 9/2025 la Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno bonaerense, que aprobó este jueves las “Reglas para el desarrollo, implementación y uso responsable de sistemas de Inteligencia Artificial (IA)” en la administración pública provincial.

La medida fija por primera vez un marco general y obligatorio para todos los organismos que desarrollen, adopten o contraten sistemas de IA en el territorio bonaerense. Entre ellos se destacan la neutralidad tecnológica, la centralidad de la persona humana, la transparencia, la no discriminación, la protección de datos personales, la seguridad y la responsabilidad demostrada.

Entre sus objetivos centrales, la resolución publicada en el Boletín Oficial establece la protección de los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía y el uso “razonable y confiable” de estas tecnologías.

El nuevo marco también establece una clasificación de riesgos para los sistemas de IA:

• Riesgo inaceptable, cuyo uso queda prohibido, como sistemas que manipulen comportamientos mediante técnicas subliminales, exploten vulnerabilidades o generen perfiles de “scoring social”;
• Alto riesgo, que deberán cumplir requisitos estrictos y evaluaciones de impacto, como los sistemas de identificación biométrica, gestión de infraestructuras críticas, justicia o procesos laborales;
• Riesgo limitado, como chatbots genéricos sin tratamiento de datos sensibles;
• Riesgo nulo, con impacto insignificante sobre derechos o seguridad.

Además, se ordena realizar evaluaciones preliminares de riesgo, implementar mecanismos de gobernanza de datos, garantizar estándares en el uso de datos de entrenamiento, y evitar sesgos discriminatorios durante todo el ciclo de vida de los sistemas.

Los organismos deberán advertir a la ciudadanía cuando interactúen con sistemas automáticos y quedarán obligados a inscribir sus desarrollos en un Registro Provincial de Inteligencia Artificial, cuya implementación quedará a cargo de la Dirección Provincial de Innovación Digital, designada como autoridad de aplicación.