La Libertad Avanza presentó el pedido de juicio político contra la juez que suspendió la Ley Penal Juvenil

La Libertad Avanza presentó formalmente el pedido de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que días pasados suspendió en todo el territorio bonaerense la aplicación de la Ley nacional 27.801.

La presentación fue realizada por Alejandro Carrancio, diputado nacional y vicepresidente de LLA PBA, y sostiene que la magistrada excedió los límites de su función al dejar sin aplicación una norma sancionada por el Congreso y además, al dictar una medida con efectos generales, avanzó sobre una competencia propia del poder legislativo.

La jueza Pascual había suspendido la aplicación de la ley por 60 días a través de una cautelar, a raíz de un pedido de la ONG católica Federación Familia Grande Hogar de Cristo, vinculada al padre José María “Pepe” Di Paola. Pero luego los jueces Miguel Navascués y Miguel Alberdi, de la Cámara de Lomas de Zamora, revocaron el fallo de Pascual.

“Para LLA PBA, el episodio excede la discusión jurídica puntual y pone en cuestión un principio básico del sistema republicano: los jueces deben aplicar y controlar las leyes dentro de sus competencias, no sustituir al Congreso ni bloquear de manera general una decisión legislativa nacional”, indicó el partido en un comunicado.

En la presentación de Carrancio se pide que la juez Pascual sea suspendida en sus funciones de modo preventivo mientras se sustancia en juicio político en su contra. La decisión corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, pero primero la secretaría permanente de juicio político deberá determinar su la denuncia es admisible o no.

Más allá de las idas y vueltas en provincia, la Ley Penal Juvenil, que fue sancionada el febrero, no está en vigencia porque el lunes la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 , la declaró inconstitucional, en una decisión que ya fue apelada y que también podría motivas la presentación de un pedido de juicio político, en este caso por parte de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la CABA.

La nueva ley penal juvenil baja la edad de punibilidad penal de 16 a 14 años, limita a 15 años la pena máxima de prisión efectiva, reduce las escalas penales y prioriza las alternativas a la cárcel. La jueza Pascual, que dijo estar de acuerdo con la baja de la edad de punibilidad, había argumentado que el sistema institucional no está preparado en PBA aplicarla.