La Cámara de Comercio y Servicios se pronunció contra la Ley de Góndolas bonaerense

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) rechazó el proyecto de Ley de Góndolas ingresado al Senado de la provincia de Buenos Aires y consideró que, en caso de ser aprobado, perturbará la operatoria de numerosas empresas e incrementará sus costos, con el consiguiente perjuicio para el consumidor final.

“Desde hace casi 100 años la CAC promueve los principios de iniciativa privada y libertad económica, en el convencimiento de que son esos los valores que generan el progreso, tal como lo deja en claro la experiencia internacional y la propia historia argentina”, afirma la entidad en un comunicado de prensa.

En esta línea, meses atrás celebró la derogación de la Ley de Góndolas a nivel nacional; y ahora “observa con franca preocupación el proyecto bonaerense”.

Sin embargo, la entidad advirtió que coincide con diversos objetivos planteados en la iniciativa –como el de evitar prácticas distorsivas, promover el crecimiento de las pymes o alcanzar precios competitivos–, pero consideró que la herramienta propuesta es no solo incorrecta sino incluso contraproducente: “la excesiva injerencia en las relaciones comerciales más temprano que tarde deriva en escasez de productos y/o suba de precios, perjudicando a empresas y consumidores”, agregó.

Consideró además que el proyecto vulnera la libertad de comercio consagrada en la Constitución Nacional. “Si bien no es un derecho absoluto, resulta abusivo que mediante una ley se impongan condiciones de comercialización para solamente algunos de los actores que participan en las relaciones de consumo masivo”, indicó la entidad que conduce Mario Grinman.

“Nuestro país tiene un largo historial en políticas que, amparadas en fines loables, acaban por generar un severo daño. Las omnipresentes y excesivas regulaciones que se han ido estableciendo en Argentina –algunas con una complejidad tal que las hace virtualmente impracticables– representan un severo lastre para las pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas, que limita sus posibilidades de crecimiento y, en no pocos casos, acaba por poner en riesgo su viabilidad”, agregó el comunicado. .

Sobre el final destacó que los argumentos ya esgrimidos tienen “un correlato adverso en el campo laboral, como así también en los indicadores sociales: sin un sector privado pujante no es posible crear empleo genuino ni generar la riqueza necesaria para superar los escandalosos niveles de postergación y pobreza que nuestro país registra”.