El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este el envío a la Legislatura del proyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia, una iniciativa con la cual se buscará cubrir un vacío normativo que lleva 23 años en el distrito.
El mandatario formuló este anuncio al participar del 4° Foro Provincial de Integridad, Transparencia y Ética Pública, junto al ministro de Justicia Julio Alak, y la subsecretaria de Transparencia Institucional, Laura Ramos.
“En los primeros días de nuestra gestión propusimos que este proyecto no debía ser una iniciativa limitada al Poder Ejecutivo. Su gestación tenía que ser el resultado de un proceso participativo y democrático. Hoy mismo estoy enviarlo a la Legislatura, donde tengo la certeza de que contará con la mayoría necesaria para su aprobación y para cerrar así una etapa de 23 años en la que la provincia se privó de contar con un instrumento muy importante”, señaló Kicillof durante un acto en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.
Según se explicó, el proyecto es el resultado de “un esfuerzo colectivo, plural y colaborativo que comenzó tras la creación de una Mesa de Trabajo en octubre de 2020”.
Desde entonces, se llevaron a cabo 130 reuniones para la búsqueda de consensos, en las que participaron representantes de universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución y funcionarios nacionales, provinciales y municipales, indicaron fuentes oficiales.
En ese sentido, el gobernador señaló que esta iniciativa “representa a muchas instituciones, especialistas y universidades, y refleja el debate y la discusión tendientes a resolver problemas y contribuir con todos los poderes del Estado para gobernar mejor y de forma más transparente”.
“Es una ley que necesitamos pronto porque viene a fortalecer la gestión y a llenar un vacío que impacta en la práctica cotidiana del ejercicio de la función pública”, apuntó.
En tanto, Alak sostuvo que “este es un proyecto que cuenta con la legitimidad de haber sido construido con una enorme base participativa”. Al respecto, explicó que “aborda con un enfoque preventivo aspectos fundamentales como los conflictos de intereses, la participación en licitaciones públicas y la recepción de obsequios por parte de los funcionarios”.
Con 38 artículos divididos en ocho capítulos, el proyecto tiene como principios rectores establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia en el ámbito provincial.
En base a ello, se caracteriza por establecer instancias de capacitación obligatoria; considerar la perspectiva de género de forma transversal; crear una Comisión Provincial de Ética Pública y Transparencia y un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil; y la puesta en marcha de un Sistema de Integridad basado en mecanismos preventivos. (DIB)
