Investigan la contaminación en la planta cloacal de Bolívar, que afecta al Vallimanca

La Justicia Federal investiga al intendente Marcos Pisano por incumplimiento de los deberes de funcionario público y daño ambiental, tras la denuncia presentada por el bloque Juntos UCR–CC, que advierte sobre una grave situación sanitaria y ecológica que afecta no sólo a Bolívar, sino también al Canal A y al Arroyo Vallimanca, afectando de esta manera también la Cuenca Vallimanca – Saladillo qua atraviesa además de Bolívar, los partidos de General Alvear, Saladillo, 25 de Mayo y Roque Pérez.

El bloque brindó este miércoles una conferencia de prensa para informar los avances de la causa judicial que investiga la contaminación producida por la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que —según los informes oficiales— lleva más de tres años sin funcionar.

La denuncia penal fue presentada el 6 de mayo por el concejal Luciano Carballo Laveglia, respaldada con análisis bacteriológicos que evidencian niveles de Escherichia coli y coliformes hasta 24 veces por encima de lo permitido por la Ley 11.820.

“La irresponsabilidad del intendente Pisano ha sido tremenda en estos últimos años y hoy Bolívar no tiene cloacas. La denuncia fue hecha ante una Fiscalía Federal, y en apenas cinco meses la Justicia avanzó de forma contundente”, señaló Carballo Laveglia.

En el marco de la investigación, intervinieron la Policía Federal Argentina y el ADA (Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires), que realizaron pruebas en la planta cloacal y en distintos puntos del sistema de desagüe. Ambos organismos coincidieron en que la planta no trata los residuos y que los efluentes cloacales se vierten directamente al Canal A sin ningún tipo de tratamiento previo.

“El fiscal determinó que Bolívar no tiene planta de cloacas y presentó una denuncia penal contra el intendente por contaminación ambiental. No sólo afecta a Bolívar, sino a toda la cuenca. Es una desidia tremenda que lleva más de tres años”, agregó el edil

La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), fue elevada al Juzgado Federal de Pehuajó, donde tramita la causa FLP 41085/25. El informe remitido por la fiscalía tiene más de 60 páginas y contempla posibles sanciones penales y civiles, como multas, prisión, inhabilitación y la obligación de reparar la planta.

La concejal María Emilia Palomino destacó la gravedad del caso y alertó sobre el impacto sanitario y laboral: “No sólo hablamos de contaminación ambiental: los empleados de Obras Sanitarias trabajan en condiciones inhumanas, sin protección y expuestos directamente a materia fecal sin tratamiento. Muchos nos dicen que están enfermos todo el tiempo. Es urgente que el sindicato intervenga y los defienda”, expresó.

Palomino advirtió además que, de confirmarse la responsabilidad del intendente, las multas recaerían sobre los fondos municipales, es decir, sobre el dinero de todos los vecinos: “La denuncia es contra el intendente Marcos Pisano. El fiscal considera que los delitos ambientales cometidos afectan a toda la cuenca. Esto no se puede tomar livianamente: estamos hablando de un riesgo sanitario y productivo que compromete a toda la región”, enfatizó.

Finalmente, Carballo Laveglia adelantó que la próxima semana mantendrá una reunión con el Juez Federal de Pehuajó, Dr. Andrés Heim, para seguir de cerca el avance del expediente.

Desde el bloque remarcaron que este proceso marca un precedente histórico en Bolívar y responsabilizaron directamente al intendente por la situación: “Durante años Pisano miró para otro lado mientras se contaminaba el agua de toda la comunidad. Hoy la Justicia lo investiga y los vecinos merecen saber la verdad”.