Con el voto en mayoría del Frente de Todos y el rechazo y los cuestionamientos de toda la oposición, el Concejo Deliberante de 25 de Mayo facultó al Ejecutivo municipal a realizar una actualización de tasas de forma trimestral, tomando como referencia el Indice de Precios al Consumidor. Además, en la sesión extraordinaria realizada este lunes, convalidaron un Fondo de Salud constituido por un 7% en las distintas tasas “o facturado en la factura de energía eléctrica por partida o habilitación”.
En primer lugar, se trata de la incorporación del artículo 170 bis a la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2022, facultando al Ejecutivo a modificar los importes definidos para cada tributo de esa normativa, de forma trimestral, en hasta el porcentaje que resulte de aplicar el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado al cierre del mes inmediato anterior al de la actualización, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
En segundo lugar, se trata de la modificación del artículo 159 de la Fiscal e Impositiva, que indica ahora “abónese un Fondo para Salud para las Tasas de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública; Inspección de seguridad e higiene; y Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal por un 7% sobre el monto liquidado por la Tasa Municipal Correspondiente o importe básico (consumo eléctrico) facturado en la factura de energía eléctrica por partida o habilitación”.
De acuerdo a la nueva letra, este fondo “tiene carácter de afectado y el objeto del mismo es aportar a cubrir las necesidades financieras que demande, el Ente Descentralizado Hospital “Saturnino E. Unzué” creado por la Ordenanza Nº 2404/1995 y sus modificatorias, para la compra de equipamiento e insumos y necesidades que fortalezcan el sistema de salud en todo el Partido de 25 de Mayo”.
Se estableció también que este fondo “será cobrado de la siguiente manera: quienes tengan habilitado el servicio eléctrico lo abonaran con las facturas emitidas por las empresas y/o las cooperativas prestadoras de energías eléctrica, que presten dicho servicio dentro del partido de 25 de Mayo. Y quienes no tengan habilitado el servicio eléctrico, lo abonarán en la liquidación de la tasa municipal respectiva”.
Asimismo, el nuevo artículo señala que “las empresas y las cooperativas deberán rendir dicho fondo a la Municipalidad de 25 de Mayo, dentro de los 30 (treinta) días de la segunda fecha de vencimiento”.
Rechazo y fuertes críticas de la oposición
Los bloques de la oposición cuestionaron con dureza ambas propuestas del Ejecutivo. “Al vecino le tiene que quedar claro que va a sufrir un aumento de tasas cada tres meses”, afirmaron al referirse a la nueva facultad otorgada al Intendente, “que es ilegítima e inconstitucional”, señalaron, advirtiendo que “va en contra de la Ley Orgánica de la Municipalidades y de la propia Constitución provincial”. Y en virtud también de la labor que lleva adelante la Asamblea de Mayores Contribuyentes, señalaron que “estamos desnaturalización este cuerpo participativo”.
Además, apuntaron contra el “incremento del gasto público” y el “aumento de la planta de funcionarios en desmedro de la carrera municipal”, y subrayaron que “lo que hay acá es una voluntad política de sostener un aparato político con el dinero de los vecinos”.
Más allá de esta posición, Sergio Mansilla (Juntos) y Mauricio García (Juntos por el Cambio), habían firmado un dictamen que también facultaba al Ejecutivo a actualizar las tasas y fondos de la Ordenanza Fiscal e Impositiva del año en curso, pero “cuando la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE) publicada por la Subsecretaría de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía de la Nación en su variación interanual medida el mes inmediato anterior a cuando se pretende realizar el ajuste supere el 50%”, indicando que el Ejecutivo “realizará estas actualizaciones cada tres meses por trimestre vencido, desde la aprobación de esta ordenanza”, y señalado además la vigencia de este artículo “hasta el 31 de diciembre de 2023 únicamente”.
En este sentido, desde Juntos (GEN-Evolución-PRO), Ramiro Eguen propuso, sin suerte, una resolución para que el DE “ajuste el gasto político”, a fin de evitar un aumento tributario para lo que resta del ejercicio 2022, sugiriendo además “la reducción del 60% de la planta de funcionarios, una reducción del 30% del salario de funcionarios y concejales y el cese en el cobro de los gastos de representación del Intendente”.
Por otra parte, desde el oficialismo Yamila Galdós Carrizo (Frente de Todos) defendió las propuestas del Ejecutivo, señalando las “contradicciones de Cambiemos que nos han traido hasta aquí”, defendiendo una actualización de tasas “que la tiene un municipio como Olavarría, donde gobierna Cambiemos”, y al Fondo de Salud “que es afectado”.
Prórroga a la deudas municipales
También, a partir de un proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo, los ediles autorizaron por mayoría (con rechazo de Juntos GEN-Evolución- una nueva reprogramación de las deudas municipales generadas en el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” según Ordenanzas 3394/2020 y 3433/2021, instaurada por la Ley 15.225 y la Resolución 4/2021 del Ministerio de Hacienda y Finanzas y modificada por la Ley 15.310 y la Resolución 55/2022.
