Sesión del Deliberativo
Durante la continuación de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, el recinto fue escenario de un intenso cruce político y técnico en torno al uso de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Tras el rechazo inicial de los tres dictámenes presentados por los diferentes bloques, se pasó a un cuarto intermedio en la Comisión de Reglamento, donde finalmente se consensuó y aprobó por mayoría una nueva resolución que exige al Ejecutivo un desglose detallado de las partidas.
El eje de las críticas estuvo centrado en la falta de claridad sobre el destino de los fondos y el presunto incumplimiento de la meta legal del 40% que debe destinarse obligatoriamente a infraestructura de los niveles formales. Desde el interbloque peronista, María José Zarza calificó la situación de “harto grave” y sostuvo: “No encontramos la evidencia de cómo se ha gastado ese fondo; el Tribunal objeta, hay números que no cierran. Estamos ante una situación harto grave, son fondos que no sabemos dónde están”.
Además, agregó que en el ejercicio 2024 hubo “una subejecución del Fondo del 20%” y que, al analizar el año 2025, de los 2.107 millones recibidos, “el Tribunal verificó solamente 342 millones destinados a infraestructura, solo del 2025 nos faltan 500 millones de pesos, no sabemos dónde están”.
En la misma línea, su par Yamila Galdós Carrizo cuestionó las prioridades de la gestión y advirtió sobre la situación de los establecimientos educativos: “Tenemos a los chicos de la Escuela 8 hacinados, dónde invertimos el dinero; tenemos que atender lo esencial y lo fundamental cuando no hay plata”.
Cuestionó además que se utilicen recursos para fines ajenos a las aulas —mencionando gastos en cloacas, luminarias o intervenciones que el Tribunal ya habría objetado en jardines maternales no formales o en el Hospital San Miguel Arcángel— y apuntó contra el pedido de endeudamiento: “El empréstito que nos pide de 2.600 millones es plata para la campaña, saben que es imposible ejecutar ese dinero en el término de un año; fue decisión política de Egüen no continuar con la obra”.
Por su parte, Fernando Herraiz remarcó que las observaciones trascienden a la oposición: “No solo los ojos de estos concejales ven las irregularidades, también lo hace el Tribunal de Cuentas. Queremos que se termine la Escuela 8, pero queremos también políticas educativas”. Para graficarlo, Herraiz trajo a colación un ejemplo regional: “Salomón en Saladillo recibió 90 millones de la Provincia a través del programa Puentes, vemos que no se usa el Fondo y paralelamente el intendente Egüen pide un endeudamiento”.
Desde el interbloque oficialista salieron al cruce de los cuestionamientos y defendieron firmemente la administración comunal. Mercedes Squillaci atribuyó las objeciones a una especulación política y señaló que las observaciones del Tribunal de Cuentas forman parte de un proceso administrativo habitual al que ya se respondieron los descargos correspondientes: “Eso que dice el Tribunal no es definitivo. En 2024 piden manifestar la composición del 40% del gasto educativo, eso ha sido respondido”.
En esa línea, arremetió contra el bloque opositor trayendo a colación los números de la administración del exintendente Hernán Ralinqueo: “En 2023, cuando era intendente Hernán Ralinqueo, el Tribunal dice que idéntica situación se observó: de 400 millones debía afectar 137 millones y se destinaron 58 millones (también fue año de elecciones)”, apuntando directamente contra la gestión previa y recordando que en ese entonces el propio Fernando Herraiz se desempeñaba como subsecretario de Educación. Siguiendo con el repaso, retrucó que “en 2022, donde recibió casi 165 millones, debía afectar 66 millones y destinó 32 millones”, ironizando con que “esto no se puede contestar, ya es así”.
En el mismo sentido, Francisco Recalt sumó cuestionamientos a la herencia recibida al recordar los contratos de rescisión y los juicios pendientes por las demoras en obras como la Escuela 6 de Ugarte durante la gestión pasada. Asimismo, Squillaci cuestionó el rechazo al empréstito: “Los concejales peronistas no quieren votar el empréstito para que la Escuela 8 se termine, entonces buscan excusas. Esto es política, no quieren que Egüen termine la escuela… Es una mezquindad terrible”.
En tanto, el concejal Guillermo Lance centró su exposición en el escenario macroeconómico y en la merma de los recursos girados por la Provincia: “Existe una baja desde Provincia, que se les reclame a los Ejecutivos, sobre todo los que no son del mismo color político… Están tratando de salvar a su Gobernador de la reducción drástica de la coparticipación que hace a los municipios”. Lance destacó que, frente a la crisis, “hay municipios que han tenido que tocar el Fondo para pagarle a los empleados municipales, cosa que no pasó en 25 de Mayo”.
Desde La Libertad Avanza, Verónica Cortés señaló que la información provista por el Ejecutivo resulta compleja de auditar y presenta baches en la rendición: “La información está pero no es entendible”, advirtiendo que desde 2025 se registran desvíos hacia gastos de alumbrado, red vial rural o centros de salud sin la debida claridad. Su par Dino Caronello respaldó la postura, señalando que gran parte del debate llega tarde sobre información ya cursada, lo que motivó un dictamen propio del espacio en busca de mayor transparencia.
Acuerdo en Reglamento
Tras el cuarto intermedio y el acuerdo alcanzado en la Comisión de Reglamento, la resolución aprobada por mayoría exige formalmente al Departamento Ejecutivo que detalle la ejecución de los fondos de 2025 —que alcanzaron los $2.107.036.641,55— y del corriente año 2026.
Entre los puntos principales, el texto solicita:
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