La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó públicamente su rotundo rechazo a la reciente ley sancionada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. La norma faculta a los municipios a destinar la totalidad del 12,5% de los fondos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural —que por la Ley 13.010 estaban afectados al mantenimiento de los caminos rurales— para el financiamiento de obras hidráulicas.
Desde la entidad agropecuaria advirtieron que los caminos del interior bonaerense atraviesan una situación de deterioro crítico y que, lejos de recortarles presupuesto, requieren de mayores recursos para su conservación y reparación. “Reducir el financiamiento destinado a ese fin significa agravar un problema que afecta directamente a los productores, la actividad agropecuaria y las comunidades del interior”, remarcaron.
Preocupación por las formas y el debate
Si bien la FAA reconoció que la realización de obras hidráulicas y la prevención de inundaciones son necesidades “indiscutibles”, remarcaron que estas no deben atenderse a costa de desproteger otra infraestructura clave. En ese sentido, instaron al Gobierno provincial a identificar fuentes de financiamiento adicionales que no debiliten las partidas destinadas a la transitabilidad rural.
Por otra parte, la organización cuestionó con dureza el proceso legislativo llevado a cabo para aprobar la medida. Señalaron con preocupación que, tras un período de escasa actividad legislativa durante gran parte del año, se haya impulsado en cuestión de días una modificación de tal magnitud sin la consulta previa a entidades agropecuarias ni el debido debate en comisiones que permitiera la participación de los actores productivos.
“Los problemas estructurales de la provincia requieren respuestas planificadas, consensuadas y sostenibles”, concluyeron desde la Federación Agraria, reclamando una revisión de la política prioritaria para el sector productivo bonaerense.
