La vicejefa de Gabinete nacional Cecilia Todesca anunció este jueves que se extenderá el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que congela alquileres y prohíbe desalojos y el que mantiene las cuotas de las hipotecas UVA, en el marco de la pandemia de coronavirus.
Los dos decretos, que vencían a fin de mes, serán de gran alivio para miles de familias en todo el país, aunque uno de ellos, el de alquileres, genera fuerte polémica con las diversas cámaras inmobiliarias que apuntaban a terminar con el congelamiento en el valor de los alquileres.
Según explicó Todesca, los dos decretos ya están escritos a la firma del presidente Alberto Fernández, y si bien el retraso en confirmar la extensión generó dudas, la funcionaria explicó que la idea del Gobierno es “seguir acompañando a la gente porque entendemos que estos meses han sido difíciles”.
“Nos parece que hay que acompañar a la gente que alquila y en el mismo sentido el tema de los créditos UVA para vivienda única de hasta 120 mil UVAs también seguir con el congelamiento, y luego hacer un cronograma para ir ajustando lentamente en 18 meses la cuota a lo que hubiese correspondido, de manera tal que para las familias no sea un golpe de un día para el otro”.
Más allá que no haya comunicación oficial, el Gobierno había dejado trascender días atrás que la extensión del congelamiento en el tema alquileres era por cuatro meses. De esta forma, se extendería por un DNU hasta el 31 de enero de 2021.
Frente a esto, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (Cofeci) manifestó su “absoluto rechazo”, al igual que la Cámara de Propietarios de la República Argentina, y alertaron que una medida así podría terminar “perjudicando a los inquilinos, ya que la oferta inmobiliaria en alquiler se reduciría a la mínima expresión”.
Con respecto al tema UVA, el alivio llega cuando restaban pocos días para que finalice el congelamiento de los créditos y frente a la advertencia de miles de familias que temían por subas en las cuotas actualizadas hasta un 30% promedio y un 60% en algunos casos.
Hasta fin de septiembre, el Gobierno había dispuesto el congelamiento de las cuotas y la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, mientras que el Banco Central habilitó la posibilidad de diferir pagos hacia el final de la vida de los créditos. Los tomadores de créditos, más allá de esas medidas, vienen reclamando al Gobierno nacional que implemente una reestructuración en esos préstamos, de manera de convertirlos en “hipotecas viables” que puedan ser abonadas, con cuotas accesibles.
Los damnificados exigen que se frene “de inmediato” la indexación por inflación de cuotas y capital, lo que podría derivar en presentaciones ante la Justicia y piden a las autoridades nacionales una solución de fondo ante un sistema que lanzó el Gobierno de Mauricio Macri en 2016 y al que califican como “una estafa”.
Hasta mediados del año pasado se habían otorgado cerca de 110.000 créditos hipotecarios UVA y un 50% de la cartera estaba en manos del Banco Nación, un 20% en el Banco Provincia de Buenos Aires, un 5% en el Banco Ciudad y el restante 25% se distribuía entre el Santander, el BBVA y el Macro.
