El procedimiento se originó tras la denuncia de una mujer a la que su pareja le había retenido el pasaporte y el celular. Las autoridades desmintieron categóricamente las versiones alarmantes que circularon en las redes sociales.
El espacio político condenó las agresiones orales y gestuales ocurridas en el recinto, llamando a los ediles a recuperar el diálogo constructivo y la dignidad institucional que exige la representación ciudadana.
Así lo confirmó la Asociación de Trabajadores del Estado. Es la primera negociación que se retoma tras los pedidos que también hicieron docentes, profesionales de la salud y judiciales.