Desde el Ejecutivo remarcaron que hubo "una buena recepción empresarial" a la hora de encontrar soluciones y que el sector se manifestó a "disposición" para potenciar futuras inversiones.
Por la implementación, el Estado nacional pagará una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses, mientras la parte empleadora deberá registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.