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Mientras que la oposición denunció contradicciones administrativas y exigió explicaciones sobre la superposición entre las obras anunciadas en 2025 y los trabajos de demolición previstos por casi 269 millones de pesos, el oficialismo defendió la necesidad de una intervención integral ante el estado de ruina heredado y el repliegue del financiamiento provincial.

Por mayoría, se aprobó la normaitva que reglamenta el almacenamiento y comercialización de gas envasado, fijando la prohibición de nuevos depósitos en zonas urbanas, en un debate que cruzó la prevención de siniestros con fuertes objeciones del oficialismo sobre las exigencias logísticas impuestas al Ejecutivo.