Con el apoyo del oficialismo y de la mayoría de la oposición, el Senado aprobó la postergación de las PASO y las elecciones legislativas para el 12 de septiembre y 14 de noviembre respectivamente.
La postergación de las PASO y las elecciones legislativos resultó un trámite ya que se llegó a la votación con acuerdo entre los bloques para retrasar el llamado a votación frente a la crítica situación sanitaria por la segunda ola de la pandemia de Covid-19, a partir de un artículo clave que asegura que “la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario”.
La norma, con la finalidad de garantizar un tiempo suficiente para el escrutinio definitivo de las PASO, propone reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para proclamar los candidatos de cada espacio político. La modificación del cronograma electoral se aprobó con con 55 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
Tras la aprobación de la norma, el ministro del Interior Wado de Pedro, destacó “la madurez y la predisposición” de todas las fuerzas políticas a acompañar la iniciativa. “Esto nos permitirá ganar cinco semanas y seguir avanzando con la campaña de vacunación más grande de la historia”, afirmó el ministro.
De Pedro fue el funcionario que facilitó el acuerdo con la oposición a través de varias reuniones que mantuvo también con la Cámara Nacional Electoral y los apoderados de los partidos políticos.
En sus fundamentos, el proyecto que posterga por un mes el cronograma electoral plantea que “el aplazamiento de la celebración de los comicios a meses con temperaturas más elevadas permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios”.
La iniciativa también hace referencia a que, “durante ese lapso de tiempo adicional, se continuará avanzando con la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el Estado Nacional junto a las veinticuatro jurisdicciones, coadyuvando a un mejor cuidado de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con su deber cívico”.
Además, el proyecto establece que esta reforma electoral “no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.
