El sumario como estrategia política

Por Camila Carrara

El 4 de marzo de 2024, en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de 25 de Mayo, el intendente Ramiro Egüen anunció ante concejales, funcionarios y vecinos que su gestión había detectado “a un subdirector de licencias de conducir que a la mañana era funcionario y a la tarde arreglaba las infracciones de tránsito en su domicilio en franca incompatibilidad con su cargo”.

No hizo falta mencionar su nombre. En una ciudad donde todos se conocen, todos sabían de quién hablaba.

Pero lo que tampoco dijo el nuevo intendente aquella mañana fue que esa incompatibilidad, presentada como un hecho consumado ante la opinión pública, todavía debía ser demostrada. Porque frente al escenario institucional más importante del año, la presunción de inocencia parece importar menos que el impacto político de una acusación pública. En este sentido, ¿dónde queda la responsabilidad ética del poder?

Es aquí donde dejo por un momento el rol de periodista y asumo el de hija.

Las consecuencias para mi familia llegaron meses antes. Un día, durante el almuerzo, mi papá contó que parte del gabinete del intendente lo había citado para notificarle que existía una denuncia administrativa en su contra. La misma había sido promovida por funcionarios pertenecientes al mismo espacio político que acababa de asumir la conducción municipal. Como consecuencia, se le abriría un sumario disciplinario.

El mecanismo no me sorprendió. El ensañamiento político es moneda corriente en el país y, teniendo en cuenta la secuencia de los hechos que se darían en la apertura de sesiones, no fue difícil advertir que presentar públicamente a un funcionario vinculado con la gestión anterior como símbolo de prácticas irregulares contribuía a reforzar el discurso de cambio impulsado por las nuevas autoridades.

Podría asumirse que, como hija, debería haber una especie de fe ciega en mi padre. Pero no soy así, o al menos no quiero serlo, por lo que pregunté directamente. No porque dudara de su inocencia, sino porque necesitaba entender las bases, conocer los fundamentos. Quizás otra persona hubiera tomado la pregunta como ofensa, pero él no lo hizo, respondió con precisión, con calma, con la misma convicción con la que siempre navegó dentro de la ley. Y eso me bastó.

Aunque la peor parte no fue la presunta denuncia, sino mirar a la figura más fuerte de la familia sentada en el comedor sin saber qué iba a pasar con su futuro. Porque sí, muchos comentaron y compartieron discursos de odio en redes sobre la noticia, pero jamás tuvieron que sentarse en nuestra mesa, ni dejar los estudios por no poder pagarlos, ni recortar gastos para llegar a fin de mes. Ninguno presenció las tensiones que una incertidumbre prolongada genera dentro de una familia y ninguno vio cómo una persona con más de 20 años de trabajo en su municipio, que siempre se mantuvo firme, empezaba lentamente a encogerse.

¿Qué valor tiene una victoria que llega tres años tarde?

Esta semana el juez finalmente falló a favor de mi padre. Tres años después, la Justicia dijo lo que nosotros sabíamos desde el primer día. Y aunque el cuerpo por fin se relaja, queda una pregunta sin respuesta: ¿qué hacemos con todo lo que ocurrió en el medio?

Hubo quienes enviaron sus felicitaciones luego del fallo, pero ¿dónde están quienes acusaron y especularon en primer lugar? No veo la misma pasión por compartir la reivindicación que por compartir la sospecha. No obstante, no debería sorprender, porque en los pueblos corre más rápido la acusación que los hechos. Todos escuchan algo. Todos, de alguna manera, creen tener conocimiento de causa. Pero cuando la historia termina y la inocencia queda demostrada, el interés se desvanece. Lo que antes era comentario obligado pasa a convertirse en un silencio incómodo.

No está de más tener en cuenta que no se trata de un hecho aislado. Durante estos años, las decisiones tomadas por la gestión actual derivaron en más conflictos judiciales iniciados por trabajadores que cuestionaron despidos o medidas administrativas injustas.

En varios de estos casos, los procesos concluyeron con resultados desfavorables para el municipio. Esto no solo erosiona la imagen de una gestión que se presenta como garante del orden y la transparencia, sino que también genera costos económicos que finalmente recaen sobre toda la comunidad.

Vale destacar que el problema no empieza por los comentarios en redes ni en la fila del supermercado. Empieza cuando desde los espacios de poder se instala la idea de que señalar es suficiente, que acusar alcanza y que las consecuencias humanas son un daño colateral aceptable en nombre de un objetivo político mayor.

¿Qué responsabilidad tenemos como comunidad cuando dejamos de exigir pruebas antes de convertir una acusación en una verdad pública? Si una gestión mejora el espacio público pero utiliza acusaciones no probadas como herramienta de comunicación política, ¿cómo evaluamos ese costo? Porque se puede mantener la plaza limpia y ensuciar, al mismo tiempo, la imagen de alguien que no se lo merece.

Los invito a discutirlo en la mesa de sus casas, con sus familias. Los procesos judiciales y administrativos seguirán existiendo en cualquier gestión.

Pero al momento de evaluar a quienes nos gobiernan, quizás la pregunta más importante no sea solamente qué resultados obtuvieron, sino también cómo eligieron ejercer el poder para alcanzarlos.